Yo también defiendo la JEP

En mi columna de opinión anterior y antes de que se escucharan planteamientos de fondo sobre el tema, afirmé y lo reitero, que la ley estatutaria de la JEP es inobjetable y lo es porque ya fue debatida ampliamente en el Congreso de la República, en su trámite legislativo respectivo, que se adelantó vía fast track, para finalmente ser aprobada a finales de 2017; y porque ya fue revisada por la H. Corte Constitucional, que en un juicioso estudio que duró más de un año, la encontró conforme con la Constitución, de tal manera que lo único que falta es la sanción presidencial para que empiece a regir y cumpla con su propósito fundamental de consolidar la paz en el país. Así lo han sostenido en estos días destacados constitucionalistas y personajes de la política, la academia, la jurisprudencia, la literatura, las artes y por supuesto las víctimas, que con esta ley, que garantiza el funcionamiento de la justicia transicional, aspiran a conocer la verdad de los hechos, obtener la reparación del daño sufrido y procurar que las generaciones futuras no repitan su historia violenta. Objetarla, así sea parcialmente, implicaría el aplazamiento de su vigencia, en detrimento de las decisiones judiciales que deben tomarse respecto de las personas que se han sometido a esta jurisdicción, incluidos altos mandos militares. Cerca de 4000 guerrilleros y 2000 militares se han presentado formalmente a la JEP y esperan contar la verdad sobre su participación en el conflicto armado.

Pretender que la ley estatutaria de la JEP no solo sea objetada, por razones más políticas que jurídicas, además de extemporáneas, como las que plantea el Fiscal Nestor Humberto Martinez Neira, no es serio con el país, pero ir más allá, pretender que no se sancione, como absurdamente lo han planteado algunos sectores de la extrema derecha, es un atentado contra la institucionalidad judicial y política del Estado colombiano y la reiteración del propósito malevo de hacer trizas los acuerdos de paz.    

A propósito del tema de la empanada, que ha concitado el interés del país entero, debo decir que sentí vergüenza ajena, estupor, tristeza, rabia, escuchando al ministro de defensa decir, para justificar el proceder del policía que impuso la multa, que dura es la ley pero es la ley ( DURA LEX SED LEX), desconociendo que esta expresión dejó de tener validez en el mundo jurídico y principalmente de los Derechos Humanos, cuando entró en vigencia el Estado Social de Derecho que nos rige, con la constitución de 1991, en el cual la ley se pone al servicio del ser humano, para garantizar su dignidad, para preservar los derechos al mínimo vital de los desvalidos, de las personas en condición de inferioridad económica y social,  para impedir los atropellos por el rigor de la ley.