Vigilancia fiscal sí, pero con independencia y eficiencia

Por Cielo Ortiz Serrato

Mucho se ha hablado por estos días de la reforma que volvería más eficiente la administración de justicia y los organismos de control del Estado, lo que nos daría a los colombianos una oportunidad de mejorar el sistema, agilizar los procesos y poner la lupa de la justicia en las situaciones que son relevantes para el país como la corrupción.

En una sociedad democrática como la nuestra, el acceso a la justicia es un derecho y eso implica, no solo que cualquier colombiano pueda reclamar su cumplimiento, sino además tener la garantía de que quienes administran justicia, lo hagan de una manera íntegra, eficaz y objetiva.

Este es el uno de los principios de todo Estado de Derecho, pero la realidad de nuestro país es distinta y si no aprovechamos ahora que tenemos una reforma por hacer, se verá cada vez más lejana la participación ciudadana de millones de personas y comunidades que históricamente han estado aisladas y excluidas del desarrollo del resto del país.

Ni qué decir del acceso oportuno y los burocráticos procesos donde se da más importancia a la forma, que al fondo. Este es el momento de hacer un cambio que privilegie el trato equitativo para todos.

Por ejemplo, se propone que se acaben las contralorías regionales y locales, y al dejar este ejercicio en manos de un ente nacional se espera más objetividad en la defensa de los intereses públicos. Esa vigilancia debería aplicar también a los mismos entes de control, de manera que no solo respondan por la labor para la que fueron creados, sino que además actúen de manera independiente sin responder a presiones o favoritismos, con criterio y sin interpretaciones subjetivas que afecten sus decisiones. Y lo más importante: con autonomía de los actores políticos.

No podemos pretender que, manteniendo la selección de los perfiles como se hace actualmente, sin un control transparente y exhaustivo, los cargos sean ocupados por las personas que el país necesita. Tan fundamental es este asunto, que dentro del articulado propuesto, se plantea que el periodo del Procurador empiece en el segundo año de gobierno y termine a la mitad del siguiente gobierno, además su nombramiento debe ser confirmado por los ciudadanos y  no podrá llegar al cargo por recomendaciones. Esto garantiza un ejercicio más independiente, sin embargo es necesario ponerle la lupa a los procesos de selección, para que desde el comienzo no estén viciados. 

La reforma a la justicia urge y lo sabemos todos los colombianos. En un país, con las características del nuestro, se necesita no solamente una gestión y administración de la justicia eficiente, como ya lo mencioné, sino además una verdadera independencia y autonomía en todos los sentidos y esto empieza por concursos de meritos para proveer los cargos vacantes, selecciones transparentes, despolitizadas, y la existencia de un control a quien controla,  para garantizar un  adecuado ejercicio del Ministerio Público y, específicamente, del control fiscal, de manera que se haga un ejercicio eficiente de prevención, que se mejore el desempeño de las instituciones, más que sancionar a destiempo o hacerlo rápidamente por intereses políticos.