Un panorama complejo en el suroriente del país
Por: Oualid Bech – Jefe Subdelegación CICR de Florencia
La experiencia en otros países con conflictos armados internos donde ha trabajado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), nos ha señalado que la sola firma de un acuerdo entre las partes no es un factor de éxito en procesos complejos como el caso colombiano, tan prolongados en el tiempo y con tantas situaciones humanitarias aún por resolver.
En el suroriente del país observamos una intensificación del conflicto y la violencia: nuevamente es frecuente escuchar noticias sobre acciones armadas entre las partes del conflicto y toda una serie de conductas relacionadas con ellas, como el aumento de zonas afectas por minas antipersona y otros artefactos explosivos, homicidios selectivos y desaparición de personas. Este panorama afecta diariamente a las comunidades, dejándolas entre el miedo y la sensación de desasosiego ante el futuro.
La incertidumbre es una de las palabras que se repite en los testimonios de los ciudadanos que habitan dónde hacen presencia actores armados, cuyas jerarquías y estructuras cambiantes, van ajustando también el panorama de presión sobre las comunidades con prácticas como la extorsión, la utilización de menores en el conflicto, las amenazas y el despojo.
A este complejo panorama hay que sumar que el suroriente colombiano es una zona estigmatizada por décadas de conflicto, y que aún no cuenta con la presencia estatal necesaria para garantizar una respuesta oportuna a las necesidades las personas que habitan en el territorio.
Cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC, el país quedó ante el inmenso reto de implementar lo acordado para responder a las necesidades de miles de víctimas que dejaron más de 50 años de conflicto. Uno de los resultados del acuerdo fue la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuyo carácter humanitario y extrajudicial tiene como objetivo dar respuesta a los familiares de los más de 80.000 desparecidos en el país.
A dos años de este evento, se hace necesario que exista una voluntad política y ciudadana, comprometida en que los familiares de las personas desaparecidas obtengan las respuestas que merecen. La búsqueda de las personas desaparecidas en relación con el conflicto armado constituye una obligación incondicional de todos los actores que forman o formaron parte del mismo.
Solo en Caquetá el Instituto Nacional de Medicina Legal ha registrado más de 2000 personas reportadas como desaparecidas desde el año 1975 hasta la actualidad. Con certeza, podemos decir que este número es mucho mayor, ya que muchos ni siquiera llegan a reportar los casos. En 2018 desde nuestras oficinas en Caquetá, Putumayo, Meta y Guaviare, apoyamos a 936 familiares de personas desaparecidas con ayuda humanitaria, acceso a atención psicosocial y en salud, así como en la orientación sobre la ruta de atención estatal. Sin embargo no podemos olvidar que miles en toda Colombia todavía esperan respuestas, en un contexto donde hay un agravante: se siguen presentando nuevos casos de desaparición.
Es sin duda un panorama complejo y ante esto no podemos dejar de insistir en nuestro llamado a todas las partes del conflicto armado: las leyes de la guerra deben respetarse. No hay ninguna justificación para no acatar el derecho internacional humanitario.
