Un año del ‘Conejo’
Por: Alvaro Hernán Prada
Hoy cumplimos un año del triunfo del pueblo colombiano en la urnas ante la presión desbordada del jefe de Estado, su gobierno, el 85% del Congreso, las Cortes, los medios, todos los partidos políticos excepto el Centro Democrático y las Farc .
Ganamos a pesar del dinero, engaño permanentes amenazas como la de guerra urbana. Somos el 87 por ciento de colombianos que rechazamos el acuerdo Santos-Timochenko, del cual Maduro es garante, sumando a quienes se abstuvieron.
El pronunciamiento con sabiduría del Constituyente primario y la legitimidad del resultado evidenciado por el conjunto de normas que han llevado al Congreso para la implementación ilegal, tal cual como lo advertimos, fue ratificado por el Consejo de Estado, al resolver una demanda de nulidad electoral contra la campaña del No. No hubo mentiras, esas fueron en la campaña del Sí. El dictador cometió el robo más grande en la historia de Colombia.
Hoy anunciaremos el camino para recuperar el mandato desconocido por el ‘conejo’ de Santos -Farc. El pasado jueves, las senadoras Paola Holguín, Paloma Valencia y yo, inscribimos el comité promotor para recoger firmas que permita derogar tres actos legislativos del Acuerdo Santos – Timochenko: la Justicia Especial para la Paz (JEP), la incorporación de lo acordado a la Constitución y la participación política de las Farc.
La Registraduría Nacional tendrá 15 días para aceptar la solicitud y entregarnos los formularios. A partir de esa fecha, tendremos seis meses para recolectar las firmas requeridas, equivalentes al 5% del censo electoral. Luego, la entidad electoral verificará su validez y convocará un referendo derogatorio sin pasar por el Congreso. Esta herramienta Constitucional consignada en el artículo 377, permite devolverles a los ciudadanos la posibilidad de abolir una norma emanada por el Congreso, cuando ésta afecta derechos fundamentales.
¿Qué es la JEP? Es un alto tribunal, creado para favorecer a las Farc por encima de nuestras altas Cortes, que garantiza cero cárcel a los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, pero al mismo tiempo abre la posibilidad de usarse como herramienta de venganza política.
La nueva elección de los jueces de la JEP, con ideología sesgada, mostró inclinación para proteger a los terroristas y perseguir a quienes consideran enemigos, a quienes ven como obstáculo a su llegada al poder.
Quieren ver al presidente Uribe en la cárcel y detrás de él, a militares y policías, empresarios, políticos y periodistas.
Derogaremos su incorporación a la Constitución y la protección pretendida por tres periodos presidenciales. Esto no es más que un golpe de Estado, una dictadura en nombre de la paz, que nos deja a la deriva y en grave riesgo sobre nuestras instituciones.
Sobre la participación política siempre dijimos que participaran pero quienes no fueran responsables de crímenes atroces. El acto legislativo les permite hacer política a los peores asesinos, con financiación estatal a su partido y centro de pensamiento, por encima de los demás partidos. Emisoras, sistema de protección para impedir que hablen mal de ellos y todo el dinero del narcotráfico para hacer política. Tendrán una Comisión de cogobierno (CSIVI), que representa un poder paralelo al Estado.
Haremos respetar el mandato conejeado.
