Triste día del abogado

Por Jesús Andrés Vargas Gutiérrez

Curioso resulta el día escogido para conmemorar una profesión tan extendida como importante en un Estado de derecho como lo es el colombiano.

El pasado 22 de junio, como sucede desde mucho tiempo atrás se celebró el día del abogado en nuestro país, fecha escogida no necesariamente por un hecho histórico nacional ni por la efeméride de un famoso abogado criollo.

De hecho, la escogencia del día se debe a un jurista venezolano llamado José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla, primer presidente del triunvirato post independencia en ese país.

Pero  más allá de este dato meramente anecdótico, las circunstancias por todos ya conocidas que han sido el centro de innumerables noticias y restricciones han hecho de la conmemoración de este día, una fecha para replantear no sólo la labor de la abogacía sino la forma en que se puede llevar el sustento a casa.

La profesión como muchas otras, está organizada en una heterogénea estructura piramidal.

En la cima de la pirámide podríamos colocar a los socios de las grandes firmas de abogados transnacionales,  y a los magistrados de las altas cortes.

Los primeros porque las grandes firmas con domicilio en Colombia, se especializan en áreas del derecho que poco o nada tienen que ver con la legislación interna, como lo son por ejemplo las fusiones y adquisición de bienes en el exterior.

Los magistrados de la Rama Judicial, en estos momentos reciben sus altos salarios sin que corran con el riesgo de despidos masivos.

Más abajo colocaríamos a los demás abogados que desempeñan labores en la rama judicial y demás organismos estatales. Cuando el Estado no pueda siquiera pagar salarios a los servidores públicos realmente estaríamos ante una situación no sólo crítica sino catastrófica.

En la base piramidal quedan los abogados litigantes, esos que han decidido ejercer su profesión en los estrados judiciales, que viven de los honorarios pactados con sus clientes, y que a su vez muchos de esos honorarios están supeditados a la fijación de agencias en derecho por parte del juez cuando el proceso finalice.

Es decir, si antes estos abogados sufrían para obtener clientes, pactar honorarios justos, esperar años para que el proceso llegue a su final y de paso que salga a favor de los intereses de su poderdante por haber pactado cláusula de éxito, con esta suspensión de términos y con las medidas tibias casi que indolentes de la Rama judicial, el panorama no es nada alentador.

Tal vez la situación actual hubiera sido otra si nuestra cultura jurídica no estuviera tan centrada en los estrados judiciales y sí, mas en los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en dónde la calidad profesional de un abogado no se midiera únicamente por la forma de desenvolverse en los juzgados judiciales sino como verdaderos mediadores permitiendo así, que eventuales pleitos fueran resueltos sin correr el riesgo de que por culpa de pandemias y otras situaciones como huelgas,  el aparato judicial se viera paralizado en detrimento de los que ejercen esa titánica labor.