Transparencia en el debate electoral
Es un lugar común decir que cada elección que permite nuestra frágil democracia “es muy importante y trascendental“; frase que refleja un sentimiento que por desgracia no se corresponde con la dura realidad; en la medida en que la apatía y el desgano crecientes que suscitan los actores políticos de todos los partidos, tiene su razón de ser en la abrumadora corrupción; en las promesas incumplidas; en el negocio clientelista en que las estructuras o empresas electorales han convertido la noble actividad política.
Los procesos electorales siguen siendo una clara manifestación del deterioro ético y moral que por desfortuna cobija, con honrosas excepciones, a la gran mayoría de quienes aspiran a las diversas posiciones; especialmente visibles en las elecciones de Congreso, gobernaciones y alcaldías, pues en ellas se definen los actores y mecanismos reales del poder político asociado con la inversión pública, financiada como todos ya sabemos, con el dinero de nuestros impuestos.
La famosa mermelada como gráfica expresión del contubernio arraigado entre gobernantes y actores políticos con representación democrática; ha sido cada vez más evidente; pues la gobernabilidad se mide entre el apoyo a los proyectos y su correspondiente cuota de posiciones y contratos, en una especie de vulgar chantaje en donde lo que prima es la codicia y el interés personal, para asegurar la permanencia en las posiciones del poder público.
Hoy es indiscutible que el clientelismo electoral se sustenta en la irregular y corrupta financiación de las campañas y candidatos. Todo un círculo vicioso entre aportantes que generalmente perciben sus recursos del erario público y los candidatos que una vez elegidos devuelven tales favores y solidaridades con contratos amañados; en los que las obras y servicios contratados no se hacen o se hacen de mala calidad o peor aún los dineros desaparecen como por encanto; sin que contratantes, interventores y organismos de control adviertan, eviten y sancionen las evidentes irregularidades.
Para mayor desgracia, cuando actúan las autoridades judiciales, campea la impunidad en sus diversas modalidades: detención domiciliaria o en pabellones especiales llenos de privilegios; vencimiento de términos; principios de oportunidad; condenas irrisorias; etc. Recientemente se conoció la aberración de una decisión judicial de primera instancia, la que ojalá se corrija por el superior, al negar una indemnización por más de 240 MIL MILLONES la que tiene derecho de percibir el distrito capital por los probados robos de los Nule.
Este es el lamentable escenario en que le ha tocado actuar al presidente Duque. Pretenden arrinconarlo en el Congreso para obligarlo a otorgar la nefasta mermelada. Ojalá sepa aguantar la indebida presión para que su propuesta de gobernar rescatando la moralidad y legalidad, contribuya al indispensable saneamiento ético y moral de la política.
En nuestro caso regional, conocidos ya los aspirantes a la gobernación, donde algunos de ellos han adelantado de manera irregular vistosas y costosas campañas en busca de su nominación, sería muy conveniente en aras de la transparencia ética y moral, que revelaran y demostraran quienes han sido sus financiadores y aportantes.
No olvidemos que la mayor exigencia o el requisito principal que debe cumplir quien aspire a ser el próximo gobernador de nuestra tierra de promisión, es el de demostrar su transparencia, la que empieza por revelarla desde sus actos de campaña. ¿Habrá quien le ponga el cascabel al gato?
