Tragedia internacional
El trágico accidente ocurrido en las horas de la madrugada del lunes anterior, en el vecino país del Ecuador enluta a varias familias de Colombia. Los medios de comunicación han difundido la emergencia sobre el volcamiento de un bus en la vía Pifo- Papallacta, Km. 8, al nororiente de Quito, en un sector conocido como la curva de la muerte. El vehículo de la Cooperativa Chía disco 25 procedente de Colombia, transportaba en su interior a 33 ocupantes de los cuales, se conocen que 23 son de nacionalidad colombiana y 10 de nacionalidad venezolana. Mientras avanzan las investigaciones sobre las causas del accidente del bus colombiano en una carretera de Ecuador, hecho que deja un saldo de 24 personas muertas, nuevas preguntas han empezado a surgir sobre esta tragedia, especialmente porque la Superintendencia de Puertos y Transportes confirmó que el vehículo no contaba con los permisos para hacer un trayecto internacional.
Según las primeras versiones de las autoridades ecuatorianas, el bus de placas colombianas habría chocado con un campero Chevrolet Tropper que habría quedado enganchado durante más de un kilómetro al bus, y luego se estrelló contra una de las casas a la vera del camino. En el campero viajaban cuatro miembros de una familia ecuatoriana, tres de los cuales murieron. Aunque las investigaciones apenas arrancan, la primera hipótesis del accidente tiene que ver con que el bus habría sufrido una falla mecánica relacionada con los frenos. En su travesía cruzó el departamento del Huila, en la vía Popayán para continuar hacia Mocoa para llegar a la frontera con Ecuador. Lo curioso es que estuvo varado durante tres días en el municipio de Isnos. Lo anterior nos permite inferir sobre la problemática que presentan algunas empresas transportadoras que utilizan algunos vehículos para viajes internacionales que no cumplen con las condiciones mecánicas adecuadas y con personal relevante de apoyo para estas largas travesías. Desafortunadamente el gobierno nacional anterior, a través de la Superintendencia de Puertos y de Transporte, ha venido legislando durante los últimos meses para delegar a empresas privadas, algunas funciones de control que le corresponden a los Terminales de Transporte. Es muy lamentable que estos actos administrativos emitidos son altamente lesivos para el sector transportador. Aunque parezcan engorrosos los controles que se realizan a los vehículos que salen o en tránsito por estas dependencias, son indispensables para garantizar la seguridad de los pasajeros. El nuevo gobierno del presidente Duque, debe estructurar seriamente una política pública, para fortalecer a los Terminales del país, con el fin de evitar esta serie de tragedias que afectan el bienestar y la armonía de los hogares en Colombia.
