Todos por igual

Desde que se firmó el Acuerdo Renegociado de Paz el año anterior, se ha venido presentando una fuerte controversia sobre la implementación del Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, que se encargará de dirimir la situación jurídica de todas las personas comprometidas en el conflicto armado con se presentó con las Farc. Considerada la columna vertebral del mismo, suscrito por el gobierno nacional con este grupo insurgente, se le permitirá brindar toda la seguridad jurídica a los agentes del Estado y de los militantes de este grupo insurgente, que se encuentran encarcelados, porque participaron de manera directa o indirecta, en este irracional y demencial conflicto armado. Todos los actores que participaron en este conflicto armado tienen iguales derechos para someterse a esta justicia. Recordemos que debemos tragarnos todos los sapos más grandes, si queremos llegar a la consolidación final de la reconciliación nacional con los grupos armados, que mantuvieron azotados al país durante más de cinco décadas. Los guerrilleros son culpables de los delitos que han transgredido el Código Penal, por haber cometido los más atroces crímenes y atentados terroristas que enlutaron a millares de familias y dejaron lesionados de por vida a miles de colombianos. Igualmente, los daños a la infraestructura productiva generaron un atraso a la dinámica productiva del país. Igual sucede, con los servidores públicos que participaron en delitos similares.

Todos tendrán los mismos derechos, para que este tribunal evalúe su situación judicial e imponga las sanciones penales y pecuniarias a que diere lugar. Vale la pena, superar los odios y las rencillas políticas por el interés supremo de la Nación de lograr la pacificación definitiva, para mejorar el bienestar de los colombianos con la llegada de la paz. Esta situación ha levantado una polvareda en el ambiente político del país, que se encuentra polarizado por el proceso de implementación que se está adelantando con este Acuerdo, que se suscribió con la organización subversiva y narcoterrorista más antigua del continente americano. Es indispensable que los beneficiados con este beneficio deben cumplir cabalmente con los compromisos de verdad, justicia y reparación y no repetición. Aunque va a ser muy complejo para la Justicia Transicional, dirimir esta situación con las víctimas del conflicto, porque la Fiscalía General de la Nación, tiene previsto entregar más de cien noticias criminales donde aparecen sindicados 16.000 personas dentro de la historia criminal de las Farc y que van a ser remitidos al Tribunal, una vez quede conformado. Recordemos que, con la entrada en vigor de la nueva jurisdicción para la paz, el ente acusador, perdió las facultades para investigar estos delitos. Esperamos que este sistema judicial se vuelva eficiente, efectivo y eficaz y que el gobierno nacional, les brinde todos los instrumentos logísticos para que se pueda cumplir con su objetivo.