Todo es negocio

Definitivamente no hay actividad que comprometa recursos públicos que no conlleve, en un alto porcentaje, a un negocio particular y se desvíe de la función social y del principio fundamental de la buena fe, lastimosamente.

La buena Fe, es una regla que desde tiempos inmemoriales guía el comportamiento de los particulares y servidores de lo público cuyo fin es que no quebranten el orden jurídico.

Cuando usted ve con sus propios ojos el desalojo de una persona, inclusive hasta enferma, que trabajaba en un espacio público, con el pretexto de poner este espacio al servicio a la comunidad, pero luego de que lo lanzan a la calle siguen explotando el lugar con fines económicos, cualquiera queda perplejo de la voracidad que vulnera el principio de la buena Fe.

El alcalde de Neiva Rodrigo Lara Sánchez, mediante Resolución 0098 de julio de 2017, confirmó la decisión adoptada por la inspección Segunda de Control Urbano  que declaró la ocupación ilegal del predio en el que por 22 años funcionó el parqueadero de la Terminal de Transportes de propiedad de Gloria Rodríguez y su esposo René Romero, una persona enferma que no puede trabajar.

Este predio, según el alcalde  es de propiedad del municipio de Neiva y obliga a cualquier ciudadano a contar con la respectiva autorización de la administración municipal a  que se ajuste al principio de legalidad y a las disposiciones que rigen la materia para poder ocupar ese espacio.

Cualquiera que lea esto  dice eso está bien, está bien que se recupere el espacio de uso público, para que los usuarios de la terminal de Neiva tengan mejores comodidades y puedan parquear su vehículo por unos minutos  sin  tener que pagar un peso. Cualquiera reconoce que el espacio público es para todos.

Dicen los expertos que el espacio público hace referencia a lugares de libre acceso y libre utilización, donde ocurre lo colectivo y donde se ejerce gran parte de la ciudadanía.

La Constitución política expresamente señala que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

Sin embargo, vemos que este predio cuenta con matricula y cédula catastral y es de propiedad del Municipio de Neiva, que lo tiene para el uso y goce de sus habitantes y una vez desalojados los ocupantes lo dejaron por unos días como parqueado público gratuito.

Y si no es porque esta semana  fue requerido por la policía un ciudadano que hizo uso de los servicios de la terminal de Transportes y casi fue encerrado porque no había pagado no se hubiera sabido sobre este tema.

Este señor desconocía que ahora tenía que cancelar el parqueadero, que establecieron nuevamente el negocio al parecer sin autorización del gobierno municipal.

No pude hablar con alcalde Lara Sánchez, trate de localizarlo, pero fue imposible. María Vidal a directora de la Oficina de espacio público, aseguró que en ningún momento su despacho ha autorizado el funcionamiento de un nuevo parqueadero en ese predio de la terminal, nadie sabe nada.

Sin embargo, los recibos son expedidos por la Terminal de Transportes de Neiva zona de vigilancia operativa la encargada de cobrar el precio del parqueo. Los funcionarios que atienden lucen uniformes de la terminal y son braveros con el que no pague.

Preguntamos en la dirección de la terminal y nadie dio razón, solo se sabe que  quien no pague  su parqueo en ese lugar público, corre con las posibilidades de ser llevado por la policía y sancionado de acuerdo al nuevo Código de policía.

Le pregunté al Gobernador Carlos Julio González, que es miembro de la junta directiva y no sabe nada  absolutamente nada del tema,  porque “el gobierno le ha dado plena autonomía al gremio transportador para que dirija los destinos de la terminal”.

Indagué por el gerente de Coomotor Armando Cuellar Arteaga y tampoco pude consultarle. Importante que la terminal de Transportes explique esta situación para evitar suspicacias.  

Lo único cierto es que el gobierno municipal está expuesto a una nueva multimillonaria demanda porque después un largo proceso logró el  desalojo de una persona que realizaba su trabajo en un espacio público, dizque para servicio de la comunidad y luego se los entregan  a otras personas para que siga cobrando, se queda uno perplejo de la codicia y el poco sentido responsabilidad social.