Tijeretazo ambiental
Hemos sido reiterativos desde esta Casa Editorial que el actual gobierno nacional se ha vuelto insaciable en la creación de nuevas tasas tributarias para satisfacer sus apetitos burocráticos, pago de la deuda externa, la mermelada y para sanear los huecos dejados por la corrupción administrativa, entre otros. El año anterior se vio golpeado agresivamente el consumo, por el aumento agresivo de los impuestos. La aplicación de una política macroeconómica incoherente, que, por un lado, ha buscado que se creen las condiciones de un crecimiento económico sostenido, pero que ha sido contrario a los propósitos gubernamentales.
El gobierno nacional no cesa con las intenciones de debilitar las finanzas territoriales, para fortalecer el modelo centralista tendiente a superar la crisis de las finanzas públicas nacionales y que ha permeado ostensiblemente de manera negativa, a los entes por la disminución de las transferencias de la Nación a las regiones y localidades. Ahora cuando faltan solo 24 días para culminar el periodo del presidente Juan Manuel Santos Calderón, las regiones vuelven a ser afectadas por ese fracasado modelo centralista que ha generado las más grandes desigualdades sociales y económicas, en las comunidades regionales y locales.
A través de la Ley de Páramos que acaba de ser aprobada por el Congreso de la República, contempla medidas de protección para estos ecosistemas. Pero ya está generando una oleada de discusiones, particularmente por el artículo 26 que establece que, de ahora en adelante, el recaudo al impuesto al carbono se destinará al Fondo Colombia en Paz (FCP). Recordemos que esta tasa se estableció en la Reforma tributaria de 2016 como una de las principales estrategias de Colombia para que, en cumplimiento del Acuerdo de París, se reduzca la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20 por ciento, de aquí a 2030. Inclusive se están utilizando para financiar proyectos para adaptación y mitigación del cambio climático. Lo interesante de esta iniciativa, es que se vuelve a poner en firme la prohibición de la minería, la extracción de hidrocarburos y la agricultura a gran escala en las zonas protegidas de páramos, para que siga avanzando en la definición y delimitación de éstos. Aspectos sobre los cuales ya se había pronunciado la Corte Constitucional. Es absurdo y se considera un retroceso en lo que hemos avanzado para proteger los ecosistemas estratégicos en el país. Se acude al dinero regional para desviarlo hacia el ineficaz Fondo Colombia en Paz.
