Teníamos la razón (I)
Por Álvaro Hernando Cardona González
Siempre hemos expresado la dificultad ética que suponía, por encima de conveniencias polítiqueras, legales u otra índole, que delincuentes de hechos de lesa humanidad, no sean juzgados e incluso en cambio sean premiados con cargos de elección popular sin someterse al escrutinio electoral. Sostenemos que debe haber “cero tolerancia al delito, la contravención y la impunidad”, de donde viniere. Sin distingos.
Y que debe haber justicia igualitaria para garantizar la paz auténtica, fortalecer al Estado e insertarnos definitivamente en la modernidad. Aunque esperábamos no tener la razón, los hechos son tozudos en lo contrario.
Rodrigo Uprimmy en un artículo titulado precisamente “No puede haber nadie por encima de la ley”, nos invita seguir haciendo el llamado a la cordura jurídica y judicial (https://www.elespectador.com/noticias/judicial/) refiriéndose a la necesidad de que un gran personaje político nacional sea juzgado: “es mejor que ese proceso sea decidido por la Corte Suprema que es un tribunal colegiado -con lo que la eventual responsabilidad…no sería decidida por un solo juez, sino por un grupo de magistrados-, y el cual, además, es nuestro máximo tribunal penal. Esto no sólo le otorga mayores garantías al procesado, pues será juzgado por el mejor tribunal penal del país; también le da seguridad a la sociedad de que se hará un juicio imparcial:…” Compartimos plenamente esa afirmación. Incluso sienta un precedente doctrinal importante para cuando se quiera juzgar a alguien con mayores garantías de imparcialidad. Pero, ¿por qué entonces a líderes de la peor banda delincuencial de la historia colombiana, no las ha juzgado la Sala Penal de la Corte Suprema? El mismo Uprimmy o alentó inexplicablemente.
El mismo estudioso del Derecho ha dicho “En América Latina todos los seguidores de expresidentes juzgados penalmente han alegado que los procesan por sesgos en su contra o por persecución de sus rivales (…) con lo que buscaban minar la legitimidad de los juicios en su contra, sin importar si con esos ataques lesionaban el Estado de Derecho que es precario en nuestros países”. Le damos la razón otra vez. Pero, ¿por qué entonces se ha aceptado que un nuevo órgano paralelo a la Corte Suprema le reste competecias y no pueda juzgar primero a los delincuentes de bandas organizadas, y luego sí, en igualdad de condiciones, participar en política como a los demás delincuentes condenados?
Romper la igualdad, en este caso frente al Derecho y en cuanto al sometimiento a la Justicia (por supuesto estudiosa, en los más capaces, objetiva, imparcial, impoluta) es muy grave. Acaba la confianza de la ciudadanía en el Estado lo cual alienta y multiplica inexorable la violencia.
