Tenemos Fiscal General
Después de varios intentos, los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia por fin tomaron la decisión de escoger al nuevo Fiscal General de la Nación, Francisco Roberto Barbosa Delgado de la terna presentada por el presidente de la República, Iván Duque Márquez., que la conformaban, además, los juristas Clara María González y Camilo Gómez. Con 16 votos, una decisión unánime debido a que ese es el número de magistrados que hoy tiene la Sala Plena y el mínimo de apoyos que se requería, Barbosa fue el elegido.
El nuevo Fiscal se ha venido desempeñando como Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del gobierno nacional. Así el Alto Tribunal, envía un mensaje al país, una esperanza, equilibrio, dejar atrás las pugnas y polarizaciones que se han presentado en las anteriores sesiones que habían impedido llegar a un consenso para elegir este cargo que se encontraba vacante desde el año anterior.
Entre los objetivos que se propone, se encuentra entre otros, seguir luchando contra la criminalidad, la corrupción y fortalecer la Fiscalía, además de atacar las bandas organizadas e impulsar las investigaciones sobre la muerte de líderes sociales. Ha expresado que la Fiscalía no estará en el búnker, sino en los territorios. Ha sido bien recibido su actitud de colaboración permanente con la rama judicial y apoyar el funcionamiento de la JEP. Es importante que evite confrontaciones como las que se han venido presentado en otrora.
Paralelo a lo anterior, deberá seguir buscando disminuir lo altos niveles de impunidad que existe en la justicia. Esta dependencia lleva aproximadamente más de un millón de investigaciones anualmente. Tendrá el reto de continuar con las investigaciones por el entramado de corrupción de la multinacional Odebrecht, por las cuales ya se tienen condenados.
Es fundamental, así mismo, que desempeñe sus labores ajeno por completo al tejemaneje cotidiano y la milimetría de la política. Se espera que sea un administrador ejemplar de una entidad que presta servicios vitales para la legitimidad de la justicia y, de paso, de todo el Estado. Conviene, además, que no arrastre conflictos de interés que causen suspicacias innecesarias. Que se centre más en resultados concretos que en anuncios que creen una expectativa con efecto dominó para la imagen del ente acusador. Sobra decirlo, si algo asoma en el panorama para esta rama del poder en este preciso momento de la historia, donde los grandes desafíos son cada vez más complejos y críticos. La sociedad colombiana espera la aplicación efectiva de una verdadera justicia contra el crimen.
