Sobre la consulta anticorrupción
Por Alfonso Vélez Jaramillo
La consulta popular contra la corrupción aprobada en la plenaria del Congreso de la Republica cierra una nueva ventana para combatir con mayor eficacia los hechos de corrupción.
Sin embargo, no creo que cope todas las formas de defraudar al estado colombiano, porque la corrupción se vuelto algo tan connatural con las personas de nuestra sociedad en los últimos tiempos.
Y como dice el viejísimo refrán “hecha la ley hecha la trampa”. Por eso sigo insistiendo que es mejor aplicar las leyes penales en igualdad de condiciones para todos, inclusive que se acabe tanta consideración para quienes cometen delitos contra el patrimonio del Estado.
No es justo que quien se robe los dineros de la salud, la educación, las obras públicas, pueda disfrutar en su domicilio sin sufrir los rigores por el daño causado a la sociedad.
No debería existir condenados por cometer delitos contra la administración pública de primera, segunda o tercera categoría. En otros países con mayor desarrollo los tratan como lo que son, unos delincuentes comunes.
Y aunque mi posición es que se no hagan más normas y se aplique la ley que ya está hecha para todos sin favorecer a nadie, veo con buenos ojos esta iniciativa.
Al menos la totalidad de los congresistas asistentes a la plenaria aprobó la consulta y ninguno se atrevió a votarla en contra, y solo se espera ahora que el Gobierno Nacional convoque a las urnas a los colombianos.
Otro de los inconvenientes es el gasto público en las elecciones. El Estado se ha malgastado más de 150 mil millones de pesos este año, convirtiendo este rubro en otro desangre al tesoro nacional.
Como es posible que existiendo tanto problema por resolver y tanta pobreza, se gasten los recursos en elecciones cada momento. Consulta de los partidos, consulta para todo, pero como estamos en una democracia, siempre habrá quien justifique y hasta quien demande esos gastos.
La consulta anticorrupción busca disminuir los sueldos de los congresistas, aunque creo que ganarse un sueldo alto o bajo no es un hecho de corrupción, es un derecho adoptado en la ley. Creo que se debe combatirse tanta prebenda disfrazada que se camufla y convierten gasto inoficioso.
La iniciativa presentada por las senadoras Claudia López y Angélica Lozano, con el apoyo de cuatro millones 300 mil firmas, debe superar una votación del 30 por ciento del censo electoral, aproximadamente 12 millones, casi los mismos votos que se obtuvieron en la pasados comicios de la primera vuelta presidencial.
Los puntos aprobados fueron los siguientes: Reducir el sueldo de los altos funcionarios del Estado entre otros: el Presidente y el Vicepresidente de la Republica, los congresistas, los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, el Defensor del Pueblo, el Contralor, el Procurador, el Fiscal General, para lo cual se fija un tope de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Los demás puntos son: Cárcel a los corruptos sin condiciones especiales; Contratación transparente obligatoria; Presupuestos públicos con participación ciudadana en audiencias públicas para que la ciudadanía decida la priorización del presupuesto de inversión de la Nación, y las entidades territoriales. Los Congresistas deben rendir cuentas de asistencia y publicar los ingresos, y podrán estar Máximo tres periodos en corporaciones públicas de elección popular; Senado de la República, Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales, inclusive, las Juntas Administradoras Locales.
Ahora, sería bueno que las elecciones a cargos de representación popular, Presidente y corporaciones públicas se unificaran, con el fin de reducir los gastos, para ello se deben endurecer los controles y las penas para los delitos electorales, con el fin de prevenir que los antisociales de corbata sigan haciendo de las suyas.
