Sistema penal colombiano: un remedo de justicia
Por Germán Alfonso López Daza
La orden de libertad otorgada por un Juez de la República al ex gerente de Comfamiliar del Huila Armando Ariza, pone nuevamente en la picota pública el actual sistema punitivo colombiano. En efecto, el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Neiva confirió este viernes la liberación de Ariza Quintero por vencimiento de términos, en uno de los tres procesos que se le adelantan por presuntas irregularidades en el manejo de los dineros de la salud del régimen subsidiado.
Como se recordará, el ex gerente de Comfamiliar fue capturado por la Fiscalía el primero de junio de 2015 en medio de un mediático espectáculo, en virtud de la investigación de un millonario fraude que se habría registrado entre 2003 y 2011 con recursos públicos destinados a la salud de los huilenses.
Este nuevo episodio refleja las protuberantes fallas y vacíos persistentes dentro del sistema penal colombiano, los cuales son aprovechados de forma habilidosa por los abogados penalistas, con el fin de buscar beneficios a sus defendidos. Aplazamientos de diligencias, nulidades infundadas, conflictos de competencias, cambio de defensores, etc., etc., etc. son algunas de las “estrategias” usadas por los apoderados en los casos más sonados de corrupción.
El mismo beneficio se le ha otorgado a Victor Maldonado del caso Interbolsa, John Calzones ex alcalde de Yopal, Oneida Pinto ex gobernadora de La Guajira y a la ex alcaldesa de Florencia María Susana Portela.
El vergonzoso vencimiento de términos regulado por la Ley 1786 de 2017 se ha convertido en la mayor debilidad del ineficiente sistema acusatorio vigente en Colombia. Los breves plazos perentorios impuestos por la norma, muy difícilmente son cumplidos en los procesos penales debido a las deficiencias económicas, estructurales y administrativas.
El nuevo gobierno y el Congreso que iniciará sesiones el próximo 20 de julio tienen la obligación de revisar la normativa existente, pues a veces se les olvida la realidad colombiana y crean normas propias de países desarrollados. Si esto no cambia, el ciudadano seguirá creyendo que “ser pillo sí paga”. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).
