Sin justicia y sin futuro

Nuestras ramas del poder público han sido silenciadas y una sola de ellas se erige como artífice de una dictadura. Es la rama ejecutiva que hace y deshace. Lo que es la rama legislativa, vive preocupada en otras cosas y en la baratija política, la mermelada y arrasar con este país. Y en el caos absoluto desde el 16 de marzo del presente año, la Administración de Justicia. Es difícil reconocer que de las tres en esta temporada cerrar la justicia es la que mayor incidencia, con secuelas graves ha privado al pueblo colombiano de una de sus bases esenciales de su sociedad. Han sido nugatorios sus derechos fundamentales prevalentes, como es la pronta e inmediata administración de Justicia, el acceso a una protección, a un apoyo, a una solución efectiva de sus problemas de convivencia social. Algunos dirán que se conservó la Acción de Tutela, como la panacea de los derechos. Qué ilusos.

Y si se suspendieron los términos judiciales desde ese día, hoy se dice que ya se restablecieron. Que farsa, no deja de ser la continuación y la prolongación de ese estado de incertidumbre generada desde un principio, por cuanto, si los términos procesales siguen su curso normal, cómo hemos de acceder a la justicia en un país, donde los sistemas electrónicos no funcionan, donde los mismos funcionarios judiciales “no están preparados”, donde se limita y se coarta el acceso o la posibilidad de presencia en esos mismos despachos de funcionarios judiciales, para que evacuen o desarrollen en forma armónica las funciones que les corresponde.

A quien se le ocurre aceptar que en los despachos judiciales solo estará presente un veinte por ciento de los funcionarios del Despacho, esto es qué si son cuatro o cinco por todos los que cumplen su función, solo ingresará uno de ellos, y que no sea de edad superior a 60 años, y ese que ingresa que no será el juez, sin lugar a dudas, no tendrá la capacidad decisorio de situación alguna, sin la revisión de sus actuaciones previa consulta con el superior inmediato, y éste de su jefe. Que caos.

Mientras tanto los términos siguen su curso normal, y las decisiones judiciales no se conocen y si antes de entrar en suspensión de términos juzgados de provincia como en Garzón, se demoraban un o dos meses en revisar una demanda, para luego decidir sobre su admisibilidad, o para resolver peticiones como señalar fecha y hora para remates en procesos ejecutivos, ahora que no van a tener la presencia del ciudadano o de su apoderado en los estrados judiciales verificando el transcurso de sus memoriales o demandas, si que va a ser cierta la demora o el trámite de las mismas, y mientras tanto, todo será inútil, todo será un esperpento de un sistema judicial que ha sido corroído por los vicios de una sociedad decadente, que vive de la pasividad e inercia de sus ciudadanos y que se acostumbró a vivir en la deshonestidad, sin inmiscuirse en los cambios y transformaciones sociales que todos reclamamos.

Se dirá que los únicos afectados son los profesionales del derecho litigantes, cuando es la sociedad la que no tiene garantías jurídicas para la defensa de sus derechos. Que no existe autoridad ni ley que se respete, que no tiene dolientes en este proceso, donde al que hay que silenciar sin lugar a dudas es precisamente al poder judicial y a la opinión pública, para que paralice los procesos de judicialización en todas las materias que tienen que ver con la permisividad a la que están acostumbrados y a la que nos han inducido a aceptar, respecto de convivir con la corrupción, con el miedo y el temor a denunciar y sobre todo, con el flagelo de la indiferencia hacia las comunidades, porque ellos tienen asegurado un puesto público, una remuneración y están tan divididos en más de veinte sindicatos, que nadie ha de tocarlos. Esa es la justicia que tenemos.

Mientras todo esto sucede, y se reinician términos procesales, a dos días de iniciados los términos ningún juzgado había notificado por estado actuación alguna, es decir no están trabajando, ni han hecho nada, en el tiempo antecedente. Dejando al garete esa información y quizá que por cuanto algunos funcionarios estaban a la expectativa de que los litigantes o usuarios conozcan el sistema y lo manejen a la perfección, como si se estuviera haciendo un favor a unos a cambio de la parálisis judicial en contra de otros.

Que no haya justicia, es lo mínimo que le pueda pasar a este país, en dictadura como la nuestra, un país sin justicia y sin ley, pero lo más preocupante es que no hay ciudadanía, no hay cultura, no hay formas de entender que podemos soñar y tener la esperanza de que todo esto cambie o se transforme, mientras sigamos empeñados en ser resignados y pensar que un milagro hará posible que desaparezcan los vicios de la política y la corrupción que infectó todo, todo, peor que una pandemia que se utiliza ahora para despilfarrar el erario público, hoy es usado además, para paralizar un Estado Social de Derecho. Qué iniquidad.