Sin justicia pronta y eficaz no tenemos futuro

Mis amables lectores habrán percibido que uno de los temas recurrentes de ésta columna de opinión lo constituye el concepto de JUSTICIA, entendido de la manera más simple, como “ el dar a cada quien lo que le corresponde”; pero que contextualizado en los deberes y finalidades del Estado Social de Derecho como expresión suprema de la democracia, alcanza la dimensión de valor irremplazable y camino expedito hacia la sana convivencia ciudadana y verdadero fundamento de la paz.

Nuestro sistema judicial diseñado en la Carta del 91, ha presentado numerosas falencias estructurales y de funcionamiento agravadas por el inequitativo crecimiento de los recursos presupuestales frente a otros sectores como defensa, salud y educación; la progresiva congestión de los despachos; la lentitud de los trámites procesales que en buena parte obedecen a la mala técnica legislativa del Congreso al expedir los respectivos códigos; a la falta de compromiso de muchos de jueces, funcionarios y litigantes como actores del sistema para dinamizar y no dilatar las decisiones; y ahora, con ocasión de la pandemia, se hace evidente la imprescindible necesidad de modernizar la conectividad y sistematización de los despachos judiciales.

Pero además y quizá como debilidades determinantes, existen tres circunstancias o hechos inocultables. Ellos son, en orden de trascendencia; la politización de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura como órgano rector y administrador de los recursos humanos y económicos; el clientelismo judicial enquistado desde las llamadas altas cortes; y la innegable corrupción derivada del famoso “cartel de la toga” que ha contaminado buena parte del sistema.

La carrera judicial que pretende garantizar el acceso de los más capaces e idóneos ha sido reemplazada por los nombramientos en provisionalidad que ya alcanza cifras cercanas al 30%.

Conviene precisar que el sistema judicial en todas las jurisdicciones viene presentando muy altos índices de congestión y por supuesto de morosidad, las cuales se agravan año tras año, al punto que la duración de un proceso demora hasta 2 y 3 años en su primera o única instancia y alcanza hasta los 5, 6 y más años cuando ocurre una apelación. En tales condiciones, por la ineficacia del sistema, el ciudadano termina siendo víctima de una justicia diseñada para garantizarle sus derechos.

Para colmo de males la jurisdicción contenciosa administrativa, encargada de resolver los conflictos jurídicos del ciudadano con el Estado,  es la que mayor índice de congestión y morosidad acumula, pues los litigios que llegan hasta el Consejo de Estado alcanzan una duración promedio de 7 y 8 años.

Sin embargo, cuando el demandante logra una sentencia favorable a sus pretensiones, tiene que esperar un plazo legal mínimo de 10 meses; antes del 2011 era de 18 meses; para poder obligar al Estado al pago efectivo de su acreencia y aún así, transcurren 2 y 3 años adicionales para recibirlo.

Las cifras que al respecto registra la Agencia de Defensa Jurídica del Estado son aterradoras. El Estado acumula a junio de 2020, una deuda consolidada cercana a LOS 9 BILLONES DE PESOS, la cual genera intereses moratorios hasta la fecha de pago efectivo. Pero más grave aún. Las demandas y pretensiones económicas contra el Estado que están en curso, suman una cifra cercana a los 398 BILLONES DE PESOS, sin incluir, los litigios arbitrales ni los de carácter internacional.

El presidente Duque y el ministro Carrasquilla tienen un reto financiero adicional a los ya conocidos de tiempo atrás y a los que está generando la pandemia. Pero el Estado Colombiano en su conjunto tiene el deber   ineludible de reformar a fondo la estructura funcional del sistema judicial.

Es una urgencia inaplazable. La vigencia institucional de nuestra democracia depende en gran medida de que el valor esencial de la justicia sea una realidad concreta y no un simple postulado demagógico y populista.