Siguen los escándalos

Nuevamente la sociedad colombiana se encuentra sorprendida por los escándalos de corrupción que fueron descubiertos por las Agencias de Inteligencia de los Estados Unidos y que fueron entregadas a la Fiscalía General de la Nación y a su vez remitidas a la Corte Suprema de Justicia. Se allegaron algunas conversaciones donde se hace relación a sumas de dinero, o a pagos que se habrían hecho con intervención o conocimiento de los abogados que los defendieron en el ejercicio de su profesión, con anterioridad al año 2017, sobre procesos que eran competencia de la Corte Suprema y en las que fueron mencionados los implicados. Es inaudito que los exmagistrados y que fueron presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Leónidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino; los senadores Musa Besaile y el huilense Hernán Andrade Serrano y el ex parlamentario Luis Alfredo Ramos, salieron salpicados por las denuncias que se hicieron. Recientemente quedamos atónitos cuando se descubrieron casos como el de Luis Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción corrupto, y el de la red judicial detenida en el Meta por vender beneficios a peligrosos delincuentes, por el que están procesados tres magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio.

Esta es una afrenta exótica en el jardín de la justicia. Nadie tiene la menor duda que el fenómeno de la corrupción ha permeado todas las altas esferas de la administración pública. Sus tentáculos se han vuelto muy peligrosos y odiosos por el accionar irracional en la administración de justicia. Está tan grande la degradación, que algunos exponentes de la misma han esquilmado y se han aprovechado de su poder para privilegiar algunos representantes de la dirigencia política del país, creando una imagen negativa en todo el poder público. No podemos generalizar que todo el aparato judicial esté impregnado de la corrupción. La mayoría, son personas de altas calidades académicas, éticas y pulcras, que enaltecen el desempeño de una de las ramas estatales que garantizan el ordenamiento jurídico de la nación. Pero es muy triste y desalentador, que ocurran estas supuestas situaciones delincuenciales. Debemos recuperar la institucionalidad que representa para el fortalecimiento de la democracia en el país, que cuenta entre sus principales responsabilidades la administración de justicia. Algunos expertos han expresado que es indispensable reformar a fondo esta rama del poder público. El país no puede llamarse más a engaños. Se requiere de una profunda revisión y de una reingeniería, porque se necesita garantizarles a todos los conciudadanos, que los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, no vuelvan a verse comprometidos en estas irregularidades, ni abusen de sus facultades, sobre todo, en el mejor momento que vive el país, cuando se inicia formalmente la inserción a la civilidad colombiana de las Farc.