Siguen las chuzadas
Nuevamente la institucionalidad del país empieza a verse comprometida por las denuncias de la revista Semana, donde se está comprometiendo al Ejercito Nacional, porque se habrían supuestamente ordenado realizar múltiples interceptaciones de comunicación sin tener ordenes oficiales, ni justificación legal para realizarlas durante el año anterior. La información periodística expresa que entre las víctimas estarían el Senador del Partido de la U, Roy Barreras, el exgobernador de Nariño, Camilo Romero y la Magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana. Las interceptaciones ilegales se habrían realizado desde dos guarniciones: una ubicada en la base militar de Catam y la otra que se encuentra localizada en el Cantón de Comunicaciones de Facatativá.
Nuevamente vuelven a ser noticia el descubrimiento por parte de las autoridades de las denominadas chuzadas o interceptaciones ilegales a algunos personajes de la vida pública o privada, protagonizadas por redes criminales. Es detestable el uso de estas prácticas ilegales, mediante el uso de medios informáticos. Además, se generan mecanismos para obtener algunas informaciones que son vendidas en el mercado negro.
La opinión pública ha recibido con estupor e indignación esta clase de prácticas criminales, que han sucedido en otrora y donde ha sido salpicados altos funcionarios de la vida pública. En años anteriores se han adelantado sendas investigaciones sobre los escándalos de las chuzadas y en la mayoría de las veces no se han presentado condenas por estos abominables episodios.
Estas actividades delictivas se están haciendo frecuentes en la vida nacional. Durante las campañas políticas se han vuelto el elixir de las confrontaciones políticas en las regiones.
Hemos sido radicales, en rechazar esta clase de prácticas que buscan enlodar la buena imagen y el prestigio de algunas figuras en el ámbito nacional. Por eso objetamos esta clase de modalidades que se han convertido en tradiciones en algunos organismos de inteligencia del Estado.
Cuando se utiliza un dispositivo móvil, todos los usuarios se abstienen de comentar situaciones de la vida personal o laboral, porque se da la sensación de que están siendo chuzadas las conversaciones o interceptadas por organizaciones criminales. En tiempos en los que soplan vientos de desconfianza, la sola posibilidad de que lo denunciado, se corrobore, produce escozor. Resulta inexplicable que la práctica ilegal siga intacta y ahora se haya extendido al espionaje corporativo del más alto nivel. Para desgracia de las instituciones, los escándalos de chuzadas se siguen dando uno tras otro, con inaceptable frecuencia. Hay que decirlo con total contundencia: este debe ser el último.
