La sociedad colombiana nuevamente empieza a sentirse sorprendida por otro escándalo de corrupción que empezó a ventilarse dentro de la JEP. La captura de Carlos Julián Bermeo, Fiscal de apoyo capturado según la Fiscalía General porque había pedido 2 millones de dólares para incidir en el trámite de extradición de Jesús Santrich, por parte de los Togados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que llevan este caso. Este caso no debe ser óbice para que se puedan realizar cambios en este tribunal para la Paz, creado de acuerdo con los compromisos pactados en el Acuerdo Renegociado de Paz, para la fase de implementación.

Así se asegure que este sindicado no pertenece a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y que no estaba comprometido con los trámites de la extradición del jefe guerrillero. Pero desafortunadamente los videos lo comprometen seriamente in fraganti, por estar recibiendo dinero para tal fin. Cinco personas fueron sindicados y capturados fueron vinculados por este proceso. Lo anterior, es uno de los traspiés más críticos que ha sufrido esta Corporación en lo que lleva de funcionamiento. Lo que sorprende es que, en este procedimiento, también se detuvo el exsenador santandereano condenado por la parapolítica, Luis Alberto “El tuerto Gil”. De acuerdo con las versiones oficiales de la Fiscalía, los implicados habrían recibido 500 mil dólares que correspondían el primer pago de un total de 2 millones que les fueron prometidos.

Recordemos que el año anterior se presentaron algunas denuncias en el primer informe que publicó la Plataforma digital “Monitor Ciudadano de la Corrupción, Transparencia por Colombia”.  Allí se logra visualizar los datos estadísticos de este fenómeno en departamentos y municipios del país, con el objetivo de contextualizar sobre los hechos de este cáncer en los territorios de paz registrados por los medios de comunicación en los anteriores años. Esta situación continúa siendo un problema grave dentro de la institucionalidad del país, que afecta ostensiblemente a toda la ciudadanía en general. Lo triste es que, en muchas regiones, le prestan poca atención a esta problemática, volviéndose una costumbre cotidiana dentro de las altas esferas del Estado. Esta organización tiene objetivos definidos a mediano plazo, para mapear la corrupción en la totalidad de los entes territoriales de Colombia. Sin embargo, dadas las condiciones coyunturales de la Nación, se han decidido priorizar la descripción de los hechos de corrupción en los territorios donde se han adelantado cuantiosas inversiones para restaurar y recuperar la armonía y la tranquilidad de las comunidades afectadas por el conflicto armado de más de cinco décadas.