Sí a la cadena perpetúa
En estos meses de encierro para la mayoría de la población colombiana, el sólo pensar que un niño, una niña estén en un espacio reducido junto con su agresor sexual, su eventual verdugo, causa escalofríos. Se ha demostrado a lo largo de los años, tras constantes denuncias e investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, que un número muy considerable de casos de violencia contra la población infantil es perpetrado por familiares y personas cercanas al entorno del menor.
Sí eso sucede puertas adentro, imaginaran ustedes lo que puede llegar a ocurrir en cualquier esquina del país, es por ello que en situaciones complejas como las que afrontamos en la actualidad, con mayor razón, no debe existir duda alguna de que la prisión perpetua para los delitos de homicidio, acceso carnal violento, secuestro o explotación sexual cuya víctima sea un niño o una niña deba convertirse en una realidad.
Lo bueno es que el tortuoso camino que ha emprendido el acto legislativo 001 de 2019, para modificar la Constitución que en su artículo 34 prohíbe la prisión perpetua, está a punto de llegar a la meta, eso siempre y cuando, y como pasa muchas veces en los recintos del legislativo, no se pierda en algún escritorio.
Los detractores de esta medida, que terminan siendo aquellos que dicen ser el ala “progresista” del Congreso, siempre que dicho proyecto ha sido tramitado, lo ahogan en medio de la frase preferida por estas bancadas: populismo punitivo.
Claro, utilizan la palabra populismo de forma peyorativa, cuando en principio sus precursores acuñan su nombre por su cercanía con las clases populares. Ahora bien, si de populismo moderno hablamos, tendríamos que definirlo como aquellas medidas, promesas y políticas, abanderadas por movimientos , encaminadas a generar una amplia aceptación entre la población, sin que exista una planeación, visión y aprovisionamiento de los recursos para su materialización y ni hablar de un estudio frente a sus efectos negativos.
Populismo es entonces a manera de ejemplo, reducir las tarifas del transporte público sin haber evaluado los efectos negativos frente a la sostenibilidad del Sistema, o hacer incrementos en los salarios de manera desproporcionada sin entender sus efectos inflacionarios.
Aquí no se trata de una cacería de brujas en dónde inocentes terminen sus vidas tras las rejas, por ello una pena de muerte no es aceptable, porque hay que reconocer las falencias de nuestro Sistema judicial.
Pero también hay que reconocer en este primer gran paso, que la prisión perpetua planteada tiene un carácter revisable, en dónde prima la finalidad de la resocialización de la pena, que no es igual a una reducción o un beneficio.
Han sido cubiertas, sino todas, la mayoría de las excusas para no aprobar esta reforma, la revictimización de estos niños y niñas a causa de las posibles excarcelaciones de agresores como Luis Alfredo Garavito, está en manos de quienes aún le siguen poniendo trabas a su aprobación escudándose en esas denuncias de “populismo punitivo” que termina siendo en realidad una especie de envidia legislativa por no ser ellos quienes abanderan esta noble causa.
