Sentencia canalla
Por: Luis Humberto Tovar Trujillo
Todavía estamos viviendo los rezagos de una justicia ampliamente politizada, como consecuencia de la desafortunada constitución del 91, pese a reconocer algunas conquistas importantes, que hoy se han vulgarizado, y que conducen a que existan algunas decisiones judiciales que dan asco, por lo abiertamente arbitrarias, y en contra de elementales principios fundamentales sobre el valor de la prueba, que ni siquiera respetan la tarifa legal.
Desde que se creó el gran desacierto, del consejo superior de la judicatura, inmediatamente pasó la justicia a manos de la clase política, amo dueño y señor de la judicatura. Hoy, algunos jueces saben más de política que de derecho; se preocupan mas por estar enterados sobre quiénes son los determinadores en la política, antes que llenarse de razones jurídicas suficientes para optar por una decisión justa y equitativa.
Me refiero a la reciente decisión de la Corte de Casación, antes que suprema de Justicia, en el sentido de negarle el derecho legitimo de la segunda instancia al ex ministro Andrés Felipe Arias, para continuar con el martirologio de odio contra alguien que según especialistas del derecho penal nacional e internacional, es inocente y condenado mediante una sentencia llena de animadversión por el solo hecho de ser amigo y exministro de Uribe.
Si Arias no cometió ningún delito, ¿por qué lo condenó la sala penal? Por política. Esa Corte no era imparcial. La mayoría de sus magistrados detestaba a Uribe, a quien responsabilizaban de chuzarlos. En grabaciones conocidas en el juicio a Diego Palacio, dijeron que en relación con los dirigentes uribistas había que decidir por “conveniencia política” y no conforme a derecho. Después se negaron a elegir Fiscal de las ternas presentadas por el presidente Uribe. Arias era su consentido y querían evitar que fuera presidente.
¿Hay que recordar que varios de quienes lo condenaron se declararon “víctimas” de Uribe?, ¿dos de ellos, Bustos y Malo, ¿implicados en el cartel de la Toga? ¿Que la magistrada Salazar nunca estuvo en el juicio y sin embargo firmó la sentencia? ¿Que Barceló, probadamente antiuribista, también firmó?
De acuerdo con los tratados de derechos humanos, y el Art. 93 de la constitución, Arias pidió que su sentencia sea revisada en segunda instancia por un tribunal imparcial. Mientras que no sea así, los Estados Unidos deberían darle asilo. Para ello será fundamental que el gobierno de Duque diga al Departamento de Estado. El juicio y la sentencia contra Arias son una canallada. Hasta que no sea posible restablecer la justicia, debe permitírsele la libertad.
