Seguridad con legalidad
En medio de la más rampante inseguridad ciudadana de nuestra capital, como en general en todo el país asolado por la delincuencia de todo pelaje, recientemente se llevó a cabo un Consejo de Seguridad presidido por el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, quien anunció una serie de medidas para “brindar más seguridad a Neiva”, con la Política Marco de Convivencia y Seguridad, cuyo objetivo es “armonizar las políticas con las del territorio, para mejorar los indicadores de seguridad ciudadana y garantizar la convivencia pacífica. Con ello se brindaron insumos importantes para la formulación del plan de desarrollo y demás planes en los que se privilegie la seguridad con legalidad”.
Y para garantizar eso que llaman “seguridad con legalidad”, que no deja de ser otra muletilla huera de las tantas que se inventan todos los gobiernos para no garantizar ninguna seguridad, como la de la “paz con legalidad” que tanto vocifera el subpresidente Duque, garantizando que no la haya, porque lo ha entendido como el instrumento más eficaz para tratar de acabar con los Acuerdos de Paz producto de la ilegalidad según su desviada interpretación, se anuncian las medidas represivas de siempre, como el incremento del pie de fuerza pública y la ejecución de múltiples operativos contra la delincuencia en Neiva y en todo el departamento, y el consabido aumento del número de jueces que casi nunca se concreta, que solo sirven para paliar el mayor problema social que tiene este descaecido país después del rey de reyes, cual es la corrupción, que ha permeado desde luego hasta a la misma administración de justicia.
Porque ya sabemos por anticipado que estas medidas deshilvanadas que anuncian todos los gobiernos no van a resolver este gravísimo problema de seguridad, pues para atacarlo de fondo se requiere una reforma estructural a la justicia y la modificación urgente de un sistema penal colapsado desde hace rato convertido en rey de burlas, pues solo favorece a los victimarios que siguen delinquiendo a sus anchas así tengan una o cincuenta capturas, que no se les puede tener en cuenta para considerar su peligrosidad que le permita a los jueces enviarlos a la cárcel, que se suma a la lentitud de la justicia para procesar y condenar a los más peligrosos delincuentes, que la mayoría de las veces salen por vencimiento de términos abroquelando la impunidad que hace posible que estemos sitiados por la delincuencia, de la cual tiene que defenderse la inerme ciudadanía como ocurrió en Usaquén, donde un desesperado ciudadano tuvo que dar de baja a tres atracadores reincidentes.
De ahí como se ha dicho, de nada sirven estas anunciadas medidas para combatir la delincuencia con la manida “seguridad con legalidad” de que habló el ministro de Defensa, pues así capturen y pongan a disposición de las autoridades a todos los delincuentes, más se demoran en esta tarea que estar nuevamente en la calle delinquiendo, burlándose de un sistema penal y una Justicia que nadie piensa en reformar a fondo para que el que la hace la pague, protegiendo a las víctimas de sus feroces e impunes victimarios.
