Se desgrana poco a poco lo del estadio

Todavía sigo preguntando las razones por las cuales el alcalde de Neiva Rodrigo Lara Sánchez y sus colaboradores, no querían que nadie supiera que su gobierno había firmado un contrato adicional para terminar la fase que se cayó en el estadio Guillermo Plazas Alcid y le endilgaron toda la responsabilidad a su antecesor Pedro Suarez.

Ojo que no estoy acusando a Lara de ser el causante de la tragedia en la que murieron los cuatros trabajadores, ni más faltaba, pero si recuerdo, que la parte que desafortunadamente colapsó y mato estas personas, sí fue la que contrató su propia administración por la suma de siete mil 249 millones de pesos.

La semana del accidente, concejales de la cuerda política de Lara, contratistas y amigos de la administración actual organizaron un plantón frente al Palacio de Justicia y marcharon contra la corrupción, para resaltar la tragedia y acusar al Gobierno de Pedro Suarez, como el único responsable, de lo que han denominado ellos mismos la tragedia y el robo del estadio.

También recuerdo como si fuera hoy, que cuando mencione en esta columna que la administración de Lara Sanchez, sí había firmado el adicional No. 003 del contrato 1.758 suscrito con el Consorcio Estadio 2014, me cayeron rayos y centellas, lanzados por experimentados periodistas y contratistas a su servicio, ya que no querían que nadie lo supiera.

Y no podré olvidar que cuando señalé que Lara y su antecesor Pedro Hernán Suarez Trujillo, para mí no tenían responsabilidad personal de lo que desde en un principio se dijo era un accidente de trabajo, también me insultaron los mismos señores, disque porque estaba comparando a Lara con Pedro, porque su jefe Rodrigo tenía la mejor hoja de vida y era el más honrado del departamento, lo que no se puede controvertir hasta que la justicia diga lo contrario.

Por eso tampoco me extraña que hoy, ya que no tenían otra salida, aparezca la noticia en la que el mismo gobierno Lara en un comunicado enviado desde su despacho presente la información suavizada a su manera, indicando que el Gobernador del Huila Carlos Julio González nombrará alcalde ad-hoc para continuar el proceso por el desplome del estadio Guillermo Plazas Alcid, como si fuera un favor suyo.

El nombramiento de un funcionario diferente a él y sus subalternos, para el caso específico del estadio, es una obligación constitucional y legal de la administración publica en aras del principio de transparencia en el manejo de los recursos públicos.  

Igualmente orientaron antes de que la noticia saliera por otros medios que tanto el alcalde Rodrigo Lara como su Jefe de Contratación Fernando Iglesias, fueron vinculados al proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 2017-00998_UCC-PRF-030-2017 y presentaron a su modo las razones por las cuales fueron vinculados a la investigación fiscal. 

Advierten “que conforme a las normas que regulan los recursos de regalías, el Municipio debía dar cumplimiento a lo aprobado por los OCAD’s” y según ellos, debían firmar a como diera lugar como si no hubieran podido ordenar antes un estudio para establecer si se podía hacer la nueva inversión, pese a las críticas que públicamente hizo del proyecto.

El doctor Lara parece que no supiera que gente en Neiva ya sabe que es obstinado y terco y no le obedece a nadie, ni les oye a sus amigos, por eso ahora nadie cree, que según él estaba obligado a firmar contra su voluntad.

Lo que no se ha dicho a la comunidad todavía es que todos los contratos, incluyendo el inicial y los demás adicionales, celebrados para remodelar el estadio tienen un valor estimado en los 26 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno Suarez, solo desembolsó 12 mil millones, y no todos los 26 mil, el dinero restante le ha correspondió al Gobierno Lara. Mientras tanto siguen señalando a Suarez de haberse apropiado de todos los 26 mil millones del estadio.

La contraloría vinculó a los contratistas, al alcalde Rodrigo Lara a su sucesor Pedro Suarez, a Carlos Alberto Ramos Parrací, del Inder Neiva, a los jefes de contratación de los dos gobiernos Carlos Fernando Puentes Ramírez y Fernando Mauricio Iglesias, a Gerardo González Charry, a Armando Albarracín Palomino, por el contrato adicional No. 3 del 18 de febrero de 2016, por valor de $ 7.249.420.973d, que le dio continuidad a la ejecución del Contrato de Obra No. 1758 de 2014. Y así como van las cosas, quien sabe que más pueda pasar en lo penal y disciplinario.