Sanción penal o sanción social
El proceso de corrupción y de pérdida de nuestra institucionalidad están ratificándose a cada instante, como presupuesto de nuestra organización social.
Los fenómenos que acompañan los estamentos que integran la sociedad, están determinados por una serie de normativas y presupuestos jurídicos que impiden la consolidación de ese fin primordial que se arropa con el Estado Social de Derecho, y sobre el cual, se patrocina la impunidad, se bendice el crimen y se protege al delincuente.
Aquí nos encontramos a diario con elementos fundamentales que en otro sistema permitirían la captura inmediata de los delincuentes de toda estirpe para ser sometidos al proceso judicial y posteriormente quedar en todo momento privados de su libertad, como se corresponde con la sanción legal a imponer. Sanción Legal que hoy en día, no es suficiente para dichos delincuentes.
Pero bajo el presupuesto constitucional de la presunción de inocencia, todo se ha trastocado, todo ha permitido que las instituciones tengan dentro de su administración funcionarios que a todas luces, han transgredido el ordenamiento jurídico, pero que bajo el amparo de dicho principio constitucional, se vuelve nugatoria cualquier medida o mecanismo para hacer efectiva la sanción legal que la comunidad internacional reclama. En su defecto, esta detención o captura y privación de la libertad, por el contrario, se aplica inmisericordemente contra todos los ciudadanos que no tienen el estatus de funcionarios público o de miembro de los cuerpos colegiados.
Y si en determinado momento algún político o funcionario de alto turmequé termina siendo investigado y se denuncian a la luz pública sus actuaciones contrarias a derecho, recibirán prebendas, se negociará con la prisión domiciliaria, se le darán beneficios por su delación y entonces el testimonio se convierte en un elemento para aminorar la pena, pero con la finalidad de atacar y agravar la situación de otros. Es el trastocamiento total de la valoración testimonial, que raya con el delito mismo y que termina por ser una mercancía que se canjea al mejor postor.
Que ridículo que el Contralor General de la Nación, el Fiscal General o el Procurador, convoquen a una rueda de prensa a los medios de comunicación, para anunciar que se tienen las pruebas de los desfalcos, peculados, o delitos contra el patrimonio económico de la nación, se den características sobre la forma como se robaron el presupuesto de la nación o se iniciaron las investigaciones contra aquellos, y todo sea un mero espectáculo inmediatista y terminemos llenando de titulares los espacios noticiosos, para que luego venga el silencio total, todo quede en la impunidad y no se vean los resultados de los entes de control o de quienes están encargados de la Administración de Justicia,porque no pueden o no quieren o están comprometidos con aquellos y por consiguiente ninguna investigación avanza, o llega al final esperado.
Es urgente, se necesita desde ya, que las comunidades empiecen a obedecer ese mandato superior y ejecuten SANCIONES SOCIALES, reproches morales, y hagamos efectivo nuestro juicio de responsabilidad histórica, para que no sean tenidos en cuenta estos funcionarios públicos, congresistas, diputados o concejales o representantes de las comunidades, que en desarrollo de sus funciones han ejecutado el peor de los sistemas de apropiación del presupuesto del Estado, como lo es mediante el saqueo, el peculado y todas las formas de contratación que se conocen y de aquellas que no queremos aceptar como parte de una estrategia abusiva del poder, en las mermeladas y prebendas que se canjean por el apoyo o respaldo a determinada voluntad del legislador.
