Salven la Universidad Surcolombiana
No estaba equivocado cuando afirmé que a la Universidad Surcolombiana USCO, la tenían secuestrada. Es cierto, nunca antes había tenido momentos tan críticos con el que se vive ahora en esa institución.
A la comunidad universitaria la tienen oprimida y a punto de desfallecer de tanto conflicto interno, en un escándalo que ya traspasó los límites de la tolerancia y llegó a los estrados judiciales.
Lamentable este escenario, sobre todo en momentos en que se adelanta el proceso para elegir nuevo rector.
En mi columna anterior ponía el grito por la aparición de un audio aparentemente editado y publicado en redes sociales, sin mencionarse su fuente o su legalidad en donde se referían a temas relacionados con la campaña de la USCO.
Como únicamente sé que ese material fue enviado anónimo a la Fiscalía y nadie se hizo cargo de su autoría, tampoco podré referirme con más detalles, pero si es necesario mencionar que la situación es grave.
Ahora tengo en mis manos copia de una denuncia penal ante la Fiscalía, con queja ante la Procuraduría General de la Nación y a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Universidad, por los delitos de concusión, abuso de condiciones de inferioridad y estafa, nada menos que contra Nelson Gutiérrez Guzmán uno de los candidatos a la rectoría.
La acción fue interpuesta el día 9 de marzo por la médica veterinaria y zootecnista Clara Isabel Molano Sosa, quien asegura que el actual candidato a la rectoría le pedía de sus honorarios la suma de 800 mil pesos mensuales de un contrato, los cuales debía entregárselos a Daniel Mauricio Castro.
Asegura la denunciante, que el señor Gutiérrez Guzmán, es el supervisor del contrato de Prestación de Servicios No. 450000171 suscrito entre Emgesa y La Universidad Surcolombiana, mediante el cual ella está vinculada.
A la denunciante le corresponde el monitoreo de plagas y enfermedades en la producción pecuaria de la zona de influencia del embalse del embalse de la Represa de El Quimbo.
La situación es grave, si es verdad lo que afirma la veterinaria Moyano Sosa, porque estaría demostrándose que al interior de la Universidad hay manejo de toda clase de intereses, un asunto muy grave.
Por ese mismo procedimiento ilegal de pedir plata varios congresistas han perdido la investidura y condenados a varios años de prisión.
Además de chuzadas telefónicas, grabaciones ilegales, persecución política, tráfico de influencias, da la impresión de que a la universidad le cayó una plaga que la está matando, la corrupción.
Si no son capaces de elegir un rector que dure todo el periodo y de adelantar un proceso en completa paz y respeto entre la comunidad universitaria, no son competentes y deben renunciar y dejar que otros asuman esa responsabilidad histórica.
Que todo ya esté en manos de la justicia penal, da para preocuparse por la gravedad del asunto.
Los fundadores del centro educativo que aún están vivos, como Guillermo Plazas Alcid y otros cuyos nombres se me escapan, deben sentir nostalgia y hasta vergüenza ajena de ver como se diluye ese esfuerzo que fue dotar al Huila de un centro de educación superior.
Son bastantes la voces autorizadas, que sin revelar sus nombres, afirman que a la Universidad Surcolombiana y a su actual comunidad universitaria les importa muy poco la elección directa de rector, ordenada en la Ley 30/82, para darle estabilidad.
Y se mostraron de acuerdo en que el Gobierno Nacional debe intervenir la Universidad para restablecer la sensatez e investigar más a fondo porque tanto interés en hacerse a los cargos directivos.
Claro, la Universidad Surcolombiana maneja un presupuesto para la vigencia 2020, por la suma de ciento cuarenta y dos mil ciento sesenta y tres millones seiscientos cuarenta mil quinientos tres pesos ($142.163.640.503). Dios guarde la Universidad Surcolombiana.
