Rezagos del mal acuerdo
El informe del Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos asignado a Colombia, según el cual el elevado número de asesinatos registrados en los últimos meses de los líderes sociales y promotores de derechos humanos, significan una vergüenza para el Estado, el gobierno y la sociedad, hecho que nos coloca como uno de los países más vulnerables en la defensa de los Derechos Humanos en el concierto mundial.
La reacción del Presidente Duque y de quienes han censurado la falta de objetividad y veracidad de las cifras contenidas en tal informe ha sido plenamente justificada, pues es indudable que no se corresponden con las registradas en la Fiscalía, y demás organismos del Estado. Por otra parte, es evidente que muchas de tales víctimas no han sido violentadas por razón de su liderazgo social sino por causas diferentes que obedecen a otros factores, principalmente por la lucha territorial del narcotráfico y la minería criminal.
Desde luego ésta causa es también responsabilidad del Estado, de sus organismos de seguridad, pero no es propiamente que obedezcan a una política de Estado de la que de manera irresponsable y demagógica atribuyen de mala fe al gobierno y en particular al uribismo.
En este contexto, no debemos olvidar que uno de los puntos del Acuerdo de Paz, reclamado de manera categórica por las Farc, consistió en que la ONU verificara la desmovilización, la entrega de armas, y en general el cumplimiento de los acuerdos; lo que condujo a que el gobierno Santos suscribiera un convenio de cooperación con la ONU cuyo costo es cercano a los 330 millones de dólares. Para nadie es ya un secreto que en estas circunstancias la ONU perdió autonomía e independencia para ejercer de manera objetiva y veraz sus compromisos de verificación.
El hecho de que en su informe el comisionado haya afirmado, sin sonrojarse, que recomienda la eliminación de la fuerza especial antimotines para evitar sus excesos en la represión policial de los actos vandálicos en que se han convertido las marchas, es una clara evidencia de su sesgo inaceptable y de una indebida intromisión a la soberanía nacional.
No obstante, tampoco es aconsejable que Colombia rechace de plano la presencia del organismo internacional como algunos lo han sugerido, pero si es indispensable que el gobierno y la institucionalidad del Estado colombiano exijan con precisión y claridad, restructurar los términos y condiciones del convenio con el fin de hacerlo más eficaz y para propiciar la estabilidad y consolidación de los fines del Acuerdo de Paz.
Otra de las evidencias recientes que contribuyen a señalar que el Acuerdo adolece de varias falencias, se relacionan con las decisiones judiciales de la JEP, por ejemplo, cuando la captura de uno de sus integrantes por recibir soborno en dólares; los exagerados costos en contratos y gastos de funcionamiento, la absurda decisión de libertad de Santrich que contribuyó a su fuga; y el episodio más reciente, cuando declara amnistiable a la protagonista del atentado criminal en la Escuela Superior de Guerra, hechos con los cuales, justifica la pérdida de credibilidad y confianza en esa modalidad de justicia especial para la paz.
Lo más preocupante de tales decisiones es que el concepto de VERDAD, uno de los pilares de su creación, esta siendo gravemente burlado, como acaba de comprobarse con la carta que INGRID BETANCUR les dirigió a los magistrados de la Jep; desvelando el maquillaje cínico de la supuesta verdad que la cúpula de las Farc han contado en relación con el atroz delito del secuestro, el cual, valga recordarlo, es de lesa humanidad y por tanto de competencia de la Corte Penal Internacional.
