Responda alcalde Lara

No entiendo por qué razón el alcalde Rodrigo Armando Lara Sánchez, insiste en que su administración combate la inmoralidad y es el dueño de la rectitud y la ética, si se cada día se conocen hechos que dicen lo contrario.

Un nuevo escándalo demuestra que Lara es igual o peor a muchos de los que le han hecho daño a este país, al mejor estilo de insanas costumbres y la vieja politiquería que tiene azotada a Colombia.

En la “Audiencia de Cristal”, que presidió en Neiva la Vice Fiscal María Paulina Riveros Dueñas, el ex alcalde Jorge Lorenzo Escandón Ospina lo acusó de patrocinar acciones dilatorias para favorecer a los miembros de una organización que denominó “la banda de los tierreros”, que según él, viene estafando a más de dos  mil familias pobres.

Escandón Ospina, que ahora es abogado y actúa en representación de la Empresa Neiva Futura SAS, aseguró que “los tierreros” invadieron el lote privado en donde la empresa de representa proyectaba construir más de 8 mil viviendas de interés social  e interés prioritario, “con la actitud complaciente por no decir cómplice de las autoridades municipales”.

Inclusive comprometió a policías, funcionarios de la procuraduría y hasta de la misma fiscalía.

En el lote invadido denominado La Loma de San Pedro, se cocina un gran problema social y está ubicado adyacente a la quebrada El Venado, en donde los invasores han acabado con nacederos agua, con la anuencia de funcionarios  que hasta les llevan en la madrugada maquinaria pesada para hacer trabajos de explanación.

Quisiera escribir asuntos más agradables, pero hechos como estos ponen a recapacitar a cualquiera por la suerte que deben lidiar a los neivanos en este gobierno con todas las cosas que pasan.

La situación es grave, el alcalde Rodrigo Lara tiene en  su despacho una orden judicial de desalojo desde que asumió el cargo y no lo ha querido ejecutar, mientras tanto la invasión crece ante la mirada indiferente del gobierno municipal, según Escandón

Con la orden en manos de Lara han pasado nada menos que cinco inspectores de policía a cuyo cargo estuvo la orden de desalojo, habiéndose conocido con antelación que el propósito es dilatar el proceso hasta que termine  el periodo de gobierno de Lara.

El asunto es parecido al de Mercaneiva, allí Lara tampoco quiso comprometerse, pues aplazó la solución al problema por 54 meses, es decir que le dejó el chicharrón al próximo gobierno.

Y como si fuera poco, no sé entiende como en terrenos privados, la entonces gerente de Empresas Publicas Cielo Ortiz, que ahora es la candidata de Lara a la alcaldía, invirtió en redes de acueductos, cuyo consumo  no llega  a las arcas de la empresa cuyo servicio los cobran “los tierreros”, sin control como si fuera una EPN privada, sin aprobación  de estudios ni de licencias de urbanismo.

Y no solo les puso agua, además han  obtenido inversiones en redes de energía de manera sospechosa, de acuerdo con la denuncia ante la fiscalía del ex alcalde Escandón. Mientras tanto la actual gerente asegura que más del 60 por ciento del agua de EPN se la están robando.

Inclusive algunos funcionarios de CTI, cuyos nombres no mencionó por temor a su vida, tienen lotes separados a nombre de interpuestas personas y son los encargados de alertas a los invasores cuando se va a realizar algún operativo.

Y como si fuera poco uno de “los tierreros”, identificado como John Jairo Astudillo, fue contratado por el alcalde en la Oficina de Planeación Municipal, en donde aprovecha para realizar  su actividades de loteo y venta de terrenos invadidos.

Según la denuncia, Loma de San Pedro se convirtió en un lugar muy peligroso en el que el gobierno municipal no hace presencia y ni siquiera la policía tiene acceso, hasta el comandante operativo debió ser sacado porque corría peligro su vida.

Este caso lo han conocido dos alcaldes, tres procuradores, cinco inspectores de policía, una corregidora, dos contralores municipales, tres comandantes de la policía metropolitana,  tres directores seccionales de la fiscalía y cuatro fiscales seccionales, y de cinco familias que llegaron primero ahora son unas tres mil, según la misma fiscalía.

Miren esta perla: ¿Saben por qué  la administración de Lara no ha ejecutado la orden de desalojo de la invasión que por su omisión ahora fomenta?, por problemas de orden público atribuidos, primero al mundial de futbol y después por el paro campesino. Que tal.