Renuncia política
La sociedad colombiana se encuentra sorprendida por la renuncia irrevocable del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira tras conocerse el fallo de la JEP, que le brindó la garantía de no extradición al ex miembro del Secretariado de las Farc, Jesús Santrich y que le ordenó a dicha dependencia, la libertad inmediata del exguerrillero. Necesariamente este hecho judicial ha sido considerado una afrenta y un desafío jurídico a la Constitución Política de la Nación. El funcionario saliente, siempre había sostenido que la evidencia que tenían los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, contra este sindicado, eran ciertas, porque era acusado de conspiración para enviar cocaína al país del Tío Sam, y por lo tanto, no iba a refrendar.
Con este fallo, la Sección de Revisión de la JEP desafía la evidencia aportada por Estados Unidos y por este Despacho. Pero esta decisión para muchos expertos ha sido considerada como una salida política del Fiscal, previendo las futuras decisiones judiciales que van a ser proferida en los próximos días por las Altas Cortes. Con ello, se hace trizas la cooperación judicial internacional en la lucha contra el crimen organizado. Además, desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia. Igualmente se confronta abiertamente la Constitución Política y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico, cuya promiscua relación constituye una amenaza para la democracia.
Desde que asumió el cargo, el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez empezó a desarrollar su gestión, con una tormenta de críticas. Contribuyó a entregar el soporte de las investigaciones a la nueva jurisdicción para la paz. Logró desactivar en parte la polarización generada por señalamientos de supuesta persecución política, que en la anterior administración fue muy cuestionada por diversos sectores de opinión en el país.
Pero su luna de miel se terminó. Cada día la sociedad colombiana se sorprendió por los crecientes escándalos de corrupción que se suscitaron alrededor de los sobornos, que se presentaron en algunas entidades del Estado encargadas del desarrollo de las grandes obras de infraestructura en el país y que su actuar fue ineficaz.
El haber sido contratado como abogado de la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo (Corficolombiana y su filial Episol) y por Odebrecht en otrora, le generó una tormenta de críticas por parte de la opinión pública. Todo lo anterior le generó un ambiente negativo, porque no se ha podido aclarar la verdad sobre lo sucedido, con estos escándalos de corrupción que han salpicado a algunas esferas del Estado.
