Reformas, prorrogas y consultas
La dinámica de la vida institucional y política sigue su marcha inexorable. Mientras las fuerzas partidistas que hoy dominan el Congreso inician el trámite de reformas sobre justicia, régimen político y electoral; la Corte Constitucional decide restringir la expresión soberana del pueblo, a través de las Consultas Populares, privilegiando la propiedad del subsuelo en cabeza de la Nación.
La crisis de la justicia es tan profunda que ninguna reforma podrá superarla si las decisiones se reducen al escenario del Congreso. La academia, los abogados litigantes, los jueces y funcionarios de la rama, y las organizaciones sociales especializadas en el tema; son quienes tienen el conocimiento de sus falencias, mientras que los Magistrados y Congresistas son quienes han usufructuado sus debilidades.
La criminalidad ha desbordado por completo la capacidad de respuesta del sistema penal; los establecimientos carcelarios no resocializan si no que perfeccionan al delincuente; el tráfico de influencias y de sustancias prohibidas es cada vez más evidente, razón por la cual la actual relación de costo-beneficio para la sociedad y el Estado es insostenible.
Ni que decir de la impunidad acrecentada con los beneficios del sistema acusatorio en donde ha florecido el cartel de falsos testigos, tanto como el famoso cartel de la toga en ciertas esferas de la alta Corte.
La duración de las etapas de Investigación, Acusación y Juzgamiento son tan dilatorias que favorecen las prescripciones especialmente en delitos de mayor impacto como son los de afectación del patrimonio público.
La morosidad en las otras jurisdicciones es vergonzosa pues las dos instancias duran hasta 12 años. Inclusive la Tutela ya no tiene la agilidad e inmediatez de la segunda instancia sobre todo en las altas Cortes. Las Acciones Populares, de Grupo y de Cumplimiento son un canto a la bandera.
Para agravar la situación nos impusieron un sistema paralelo de Justicia Especial para la Paz, programado para doce años, cuyo comienzo no ha sido nada halagador y está diseñado para blindar a los autores de delitos de lesa humanidad frente al rigor de las penas que se imponen en la Corte Penal Internacional, creada precisamente para juzgar y castigar severamente tales conductas violatorias de los Derechos Humanos.
La ausencia de una verdadera Política Pública de Justicia que garantice eficazmente los derechos individuales y colectivos de la población, seguirá siendo el caldo de cultivo de la criminalidad, la violencia y la impunidad.
La reforma del sistema político y electoral no busca soluciones eficaces contra el clientelismo y la corrupción, pues permanecerán incólumes mientras el dinero siga siendo el motor de los eventos electorales. La pretendida igualación de los períodos es la consolidación del clientelismo y de la dictadura de los partidos, pues habrán de formarse verdaderos paquetes electorales en donde lo que menos interesa sea elegir a los mejores, pero sí a los más hábiles y mejor financiados para el mercadeo electoral.
Mientras tanto, la crisis económica, social y fiscal seguirá golpeando duramente a los colombianos, incrementando la inequidad, el malestar y la frustración; abonando el terreno para el populismo y la anarquía que nos conducirán a inevitables dictaduras.
La restricción de las Consultas Populares para los temas ambientales y minero-energéticos reflejará el nuevo escenario de la debilidad institucional; pues mientras en los dos próximos años se estructuran los procesos de coordinación, concurrencia y subsidiaridad; entre la Nación, las entidades territoriales y las comunidades; para el adecuado ordenamiento del territorio y uso del suelo que permita la indispensable explotación de los recursos; los movimientos indigenistas y de afrodescendientes, aupados por los ambientalistas y demás sectores que se oponen a la presencia de multinacionales, exigirán Consultas Previas en los territorios con las consecuencias ya conocidas.
