Reforma madurista
Por: Alvaro Hernán Prada
El sistema electoral colombiano presenta varios problemas. Compraventa de votos, financiación ilegal, costosas campañas, microempresas electorales, corrupción y una abstención superior muchas veces al 50 por ciento del censo electoral. No hay discusión sobre la necesidad de presentar una reforma política. Pero no la que presenta el gobierno aprovechando el fast track.
El proyecto de acto legislativo que se debate actualmente en el Congreso de la República, es otro invento de corte madurista. Una mezcla de modificaciones que agravan los problemas, no soluciona nada, solo complace a las Farc. El CD presentó una reforma estructural el 20 de julio del 2014, pero no fue tenida en cuenta. Ahora a solo 8 meses de las elecciones, quieren empezar el trámite de modificaciones en la constitución para cambiar reglas de juego en medio de la campaña.
Va en contravía de la sentencia C160/17 de la Corte Constitucional, que determina el uso del ilegal ‘fast - track’ exclusivamente para proyectos relacionados con la implementación del acuerdo rechazado el 2 de octubre, obligando al gobierno a demostrar una conexidad que no existe. No tiene nada que ver con los puntos negociados entre Santos y Timochenko del cual Maduro es garante.
Quieren quitarle atribuciones a la Procuraduría y a la Contraloría, permitiendo que personas sancionadas puedan hacer política sin ningún problema. Articulo para favorecer a Gustavo Petro. Esto estimula la corrupción y premia la mala conducta. Igualmente desnaturalizan la figura de pérdida de investidura, que estará limitada por el tiempo que establezca la sentencia y no tendrá muerte política. ¿A quién quiere favorecer? Obedece al afán de Santos por hacer una coalición con los amigos de las Farc, para cumplirles en el gobierno de transición y asegurar su paso al poder.
Anuncian el fortalecimiento de partidos, pero proponen la creación de movimientos políticos con cerca de solo 71.000 firmas, una nueva figura que obligará al Estado a financiar y estimular su paso a partido político. Habrá nuevamente partidos de garaje. Grave será la utilización de esta figura con las Farc, incendiando los conflictos sociales creados por este gobierno. Imaginemos su discurso en el Cauca con los indígenas, en el Choco y Buenaventura, mientras crecen problemas en la costa y los llanos orientales con el despojo a dueños y poseedores legales, amparados en la ley de restitución de tierras.
Cambiará el Consejo Nacional Electoral, por el Consejo Electoral Colombiano. Un hibrido con funciones administrativas, jurisdiccionales y legislativas. Con atribuciones de policía judicial. La disculpa es cambiar el origen político de los magistrados elegidos por el Congreso. Lo curioso es que alaban a los congresistas para justificar el robo del resultado del plebiscito, con una refrendación parlamentaria sin facultades, pero lo critican para este propósito. Miden con rasero diferente. Pero tampoco proponen méritos, sino 3 magistrados nombrados por el presidente, 3 por el congreso y 3 por los presidentes de las altas cortes. Aseguran que el dictador Santos pueda elegir 9 magistrados por 8 años. Y dejan claro que deben ser nombrados antes del 1 de agosto del 2018. Le agregan que podrá implementar el voto electrónico. Copiado de Venezuela. Una vergüenza después de presenciar el fraude en el país vecino que legitima a narcomaduro.
