Recordando al palacio

El mes de noviembre de 1985, quedará estampado en la pupila de los colombianos como uno de los periodos más trágicos de nuestra turbulenta historia.

Fue el mes de la toma del palacio de Justicia y del desastre de armero. Sobre el primero, aunque grandes han sido los esfuerzos para alcanzar la verdad, queda claro que mucho de lo que se vivió por esos días, permanecerá sepultado en los escombros de ese pasado, que pareciera no alejarse de la actualidad.

El palacio en llamas marca un antes y un después, tal y como sucedió con el Bogotazo. Representó el punto mas álgido de la guerra subversiva que se componía de varios actores, con los poderes públicos prácticamente de espectadores y rehenes.

Fue su conflagración la que dio paso a un verdadero debate nacional para ponerle fin a la Constitución de 1886, y la antesala de la constitución de 1991. Los magistrados que perecieron ese dia, fueron las ofrendas a una democracia enclenque, que habría de sucumbir ante los poderes del narcotráfico y la violencia de sus principales actores.

A medida que pasaron los años, este hecho ha simbolizado la lucha de ideologías tan distantes como las del espectro clásico de izquierda y derecha.

Por un lado, están aquellos que creen que el hecho de que el M-19 tomase el palacio, no fue mas que un acto de protesta, ante las políticas económicas y sociales del gobierno del presidente Belisario Bentancur, así como al supuesto incumplimiento de un alto al fuego por parte del gobierno del mandatario conservador,  y ante lo cual exsitió una reacción desmedida por parte de las fuerzas estatales, que irrumpieron en el recinto con tanquetas y terminaron conduciendo a civiles a distintos batallones donde fueron torturados y posteriormente asesinados.

La contraparte se defiende, encontrando el accionar del grupo subversivo como un ataque frontal a la democracia, empleando medidas no convencionales y prohibidas por el Derecho internacional humanitario, como los asesinatos de los vigilantes a las entradas del Alto Tribunal, el uso de los magistrados y demás funcionarios judiciales como escudos humanos, y el ser los causantes principales de la conflagración. Las fuerzas del Estado para ellos, solo estaban “defendiendo la democracia maestro” en palabras del entonces coronel Luis Alfonso Plazas Vega.

Al final, ha sido el estado colombiano quien ha comparecido  ante la Corte  intermericana de derechos humanos,  y se ha declarado responsable de tan lamentable hecho, en principio, por no haber evitado, lo que según estudios recientes pudo haberse neutralizado, dejando entrever que las agencias de inteligencia del país, sabían que la toma se iba a realizar de manera inminente y así mismo, por no ofrecer a las víctimas una verdad consolidad de los hechos.

La CIDH en sentencia del 14 de Noviembre de 2014, confirma lo dicho y exhorta al estado colombiano, para que después de tres décadas de incertidumbre, los familiares de los desaparecidos, finalmente conozcan lo que realmente sucedió con ellos.

Sin embargo, queda un sin sabor y es por supuesto observar como los herederos de las banderas del M-19, no estando obligados a comparecer ante dichas instancias internacionales aprovechándose de la aceptación de responsabilidad parcial del estado colombiano, terminan creando un recuento revisionista de lo que pasó haciendo creer a sus seguidores de que ellos también fueron victimas del Estado a quienes ellos atacaron sin consideración alguna.