Reclamaciones indígenas y promesas incumplidas
El bloqueo de los indígenas del Cauca va a completar 20 días y aun no se avizoran posibles soluciones. Las posturas de cada uno de las partes parecen irreconciliables. Los indígenas demandan la presencia del presidente Duque para dialogar, mientras que el Gobierno exige el desbloqueo de la vía y el cese de las vías de hecho. Mientras tanto, la población está sufriendo el desabastecimiento de combustible, alimentos y artículos de consumo, debido al cierre total de la vía Panamericana por cuenta de la denominada “minga indígena”.
El trasfondo de todo son las promesas incumplidas del Gobierno Santos, que según se ha empezado a descubrir, prometió “el oro y el moro” –como se dice popularmente-, con tal de obtener el levantamiento del paro indígena en el año 2014.
En ese momento le correspondió al entonces Ministro del Interior y luego Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, la negociación con los nativos de su departamento. El flamante político al parecer firmó un documento el 10 de octubre de 2014 con el huilense ex Director del Incoder Rey Ariel Borbón, en el que se prometieron 40 mil hectáreas de tierras a los aborígenes caucanos.
Tal convenio lo hizo sin tener presupuesto, ni saber de dónde se sacaría ni la plata ni las tierras, pues en el Cauca no es que haya mucha tierra disponible para la compra. Este alegre acuerdo llamado al “pacto del chirrincho” (tal vez porque se brindó con la popular bebida alcohólica indígena”) se realizó comprometiendo vigencias futuras y al parecer sin la participación del Ministro de Hacienda ni el Jefe del Departamento Administrativo de Planeación Nacional. ¡Qué maravilla!
Hoy día, después de casi cinco años de dicho pacto y de muchos más de incumplimientos reiterados a la población indígena, explotan nuevamente los ánimos del estos pueblos autóctonos que han sido manoseados con falsas promesas por varias administraciones.
Los servidores públicos que suscriben acuerdos de imposible cumplimiento en medio de protestas sociales, deberían responder disciplinaria, penal y fiscalmente. Le corresponde a los órganos de control revisar estas actuaciones.
(*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – Universidad Surcolombiana).
