Rajados en transparencia
Los grandes escándalos de corrupción que se han venido presentando en el país durante los últimos años, han permeado de manera negativa la imagen institucional a nivel mundial y ha puesto en la picota pública a las altas esferas del Estado, que son denunciados frecuentemente por los medios de comunicación. De acuerdo con el más reciente informe de Transparencia Internacional, el país mantiene desde hace cuatro años una calificación de 37 sobre 100 puntos, que evidencia la radiografía de este flagelo que corroe al Estado Colombiano. Esta situación continúa siendo un problema grave dentro de la institucionalidad del país, que afecta ostensiblemente a toda la sociedad en general. Lo triste es que, en muchas regiones, le prestan poca atención a esta problemática, volviéndose una costumbre cotidiana dentro del aparato estatal. Esta organización tiene objetivos definidos a mediano plazo, para mapear la corrupción en la totalidad de los países a nivel mundial.
El índice analiza la corrupción del sector público y califica 189 países basándose en 13 evaluaciones de expertos y utiliza una escala estandarizada. Según el más reciente informe de la Organización Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción a nivel mundial, Colombia se ubica en la posición 96 dentro de 189 países con una puntuación de 37 unidades de acuerdo con la escala de 0 (muy Corrupto) a 100 (muy transparente). Los escándalos más sonados entre otros, han sido los de Odebrecht, los carteles de la salud, de la toga y el desfalco al PAE en algunos departamentos del país.
En todos los ambientes de la opinión pública, se empieza a presentar un rechazo generalizado por los innumerables casos de corrupción que se están presentando en esta Nación, sin que exista una respuesta fuerte y coherente por parte de los Organismos de Control, que empiezan a adelantar las indagaciones preliminares y cuando se encuentran hechos que reflejan un verdadero detrimento patrimonial, se inician los procesos de investigación contra los funcionarios responsables del manejo de la ordenación del gasto, pero que desafortunadamente los expedientes se mantienen estáticos en los anales de las dependencias judiciales. Mientras las comunidades observan con tristeza y con rabia, que muchas obras públicas se encuentran paralizadas, otras ya terminadas con sobrecostos y con una deficiente calidad de los materiales utilizados durante su construcción, que enarbolan la bandera de la corrupción administrativa, sin que existan responsables por haber transgredido las normas de contratación pública. Es indispensable que se ejerza control social y que la ciudadanía tenga acceso a la información pública nacional, como una herramienta fundamental para avanzar en el fortalecimiento de los niveles de transparencia en Colombia.
