Protestas sociales

Durante la semana anterior, la capital de la República vivió una crisis en la movilidad, producto de las movilizaciones del sector transportador y de las protestas estudiantes de algunas universidades públicas y privadas, que desencadenaron fuertes enfrentamientos con la fuerza pública. Desafortunamente, dichas movilizaciones se vieron salpicadas de grupos terroristas y vándalos que desdibujan los objetivos de la protesta social que adelantaban, porque provocaron desórdenes y hechos violentos que afectaron la dinámica productiva de Bogotá. No hay derecho que estos grupos anarquistas que se infiltraron en las marchas hayan provocado daños a las instalaciones de algunos medios de transporte y a otras instalaciones del comercio.

Igualmente, la protesta del sector transportador ha sido incoherente. Buscan que les quiten los comparendos que han recibido algunos conductores por violar las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito. Es absurda esta petición. La sociedad colombiana, no puede permitir que tales pretensiones se presenten y que el accionar institucional se someta a la voluntad de los transgresores de la Ley.

Igual situación se presentó con las protestas estudiantiles. Grupos izquierdistas infiltrados en las universidades, elaborando explosivos (Papas bombas) como ocurrió en la Universidad Pedagógica, donde a los terroristas se les estallaron dichos artefactos bélicos, demuestran una vez más como dichas instituciones están permeadas de estos grupos anarquistas, que solo buscan desestabilizar el accionar institucional.

De cara a este panorama, hay que ser enfáticos en condenar las vías de hecho como sustituto de las instancias y mecanismos que la Constitución dispone para la participación ciudadana. Aquí no puede haber espacio para matices. Es pertinente también solidarizarse con los cientos de miles de afectados, comerciantes, e industriales hasta los habitantes de la ciudad, que tuvieron que padecer de la falta del transporte público y particular, por el accionar belicista de estos desadaptados sociales.

Se puede decir que es normal y señal de buena salud democrática que la gente se organice para expresar inconformidades y dar a conocer sus posturas políticas, pero esto no puede darse de tal modo que sistemáticamente se estén afectando los derechos de la mayoría. Tampoco es aceptable que se haga bajo la premisa de que la mejor forma de alcanzar notoriedad y lograr concretar los objetivos es por la ruta del atajo, de ignorar y, de esta manera, destruir los canales institucionales. Reiteramos: no se puede instaurar la idea de que es válido pasar por encima de los derechos de los demás para hacer valer los propios.