Protestas de los taxistas

El transporte informal se considera una actividad económica ejercida por personas que no encuentran una oportunidad de empleo que les permita satisfacer sus necesidades básicas para el sustento diario de su núcleo familiar. Según el profesor investigador PhD de la Universidad de los Andes, Arturo Ardila, este es un problema social que tiene su origen, ante todo, en la forma como está estructurada la prestación del servicio de transporte público y más importante y como se concibe dentro del modelo económico colombiano. A pesar de que las medidas aplicadas para controlar el mototaxismo en la ciudad, han sido infructuosas e inoperantes, porque cada vez es mayor el número de esta clase de velocípedos y de vehículos que prestan esta clase de servicios, que en muchas ocasiones someten a riesgos innecesarios a las personas que transportan.

Esta ha sido una de las causas, que han motivado la protesta que han realizado los taxistas el miércoles anterior ante la administración municipal, que les ha provocado una competencia desleal, afectando en parte sus ingresos percibidos. 

El mototaxismo, se ha convertido en un obstáculo permanente para el normal desarrollo del transporte formal. Desde hace años se ha venido planteado soluciones a esta problemática. Desafortunadamente no ha existido una solución integral para que la informalidad que tanto les aqueja, se termine definitivamente. Pero todos conocemos que, en el mismo transporte formal, no se cumplen con todos los protocolos de seguridad y cumplimiento de las normas contempladas en el Código Nacional de Tránsito, que están contribuyendo al caos vehicular que se presentan en las vías de la ciudad. Inclusive en épocas de las festividades del San Pedro y de fin de año, no respetan las tarifas establecidas por la administración municipal.

Desafortunadamente, el modelo económico colombiano y durante este periodo de la pandemia, se han creado las condiciones de pobreza que son cada vez mayores y en especial en estas zonas discriminadas y olvidadas por el Gobierno Nacional, provocando que la prestación del servicio público colectivo sea de baja calidad, con una flota inflada y una tarifa muy alta y que no es accesible para los más pobres, quienes son los que más demandan este servicio de transporte.

Por los anteriores motivos, son muy complejas las diferentes alternativas que se proponen para subsanar la informalidad en el transporte público. Mientras no se generen nuevas oportunidades laborales y se mejoren las condiciones de vida de la población, será muy difícil contrarrestar este fenómeno social y económico, así se apliquen medidas draconianas para frenar el creciente avance en el número de personas que prestan este servicio de transporte ilegal.