Protección a los líderes comunales
La etapa del conflicto armado que padeció la sociedad colombiana durante más de 5 décadas fue producto de un irracional accionar narcoterrorista de grupos insurgentes y de paramilitares, en algunas regiones del país, donde se estima que fueron asesinados más de 220 mil colombianos. Luego de la firma del Acuerdo Renegociado de Paz con las Farc, se empezó a recrudecer el asesinato inmisericorde y amenazas a los líderes sociales. Es preocupante para las autoridades el índice de muertes durante los últimos tres años. Además, se continúa con la crisis en el país, por la persecución de estas personas que solo buscan reivindicar las luchas populares para que el gobierno nacional atienda sus peticiones para superar el atraso y la pobreza en que se encuentran sumidas sus comunidades.
Transcurrido dos meses del presente año, han sido asesinados tres líderes sociales en el departamento del Huila. El lunes anterior fue ultimado a tiros, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Esmero del municipio de Campoalegre. Era un connotado líder cafetero de la región. Se destacó por su trabajo social y de emprendimiento. Era miembro del Grupo Asociativo el Esmero y fundador de la Asociación de Trabajadores del Campo, de este centro poblado de la capital arrocera del departamento.
Lo anterior, se convierte en un panorama desalentador para el papel desarrollado por los líderes sociales. Muchos indicadores de violencia han descendido en el país, pero lo cierto es que muchos de los lugares que las FARC han abandonado, están ahora ocupados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra guerrilla inmersa que está buscando continuar con un proceso de diálogo con el gobierno y algunas organizaciones criminales que ejercen las actividades de narcotráfico.
Las asociaciones defensoras de los derechos humanos apuntan a ésta, como la principal causa del crecimiento de los actos de violencia y homicidios de quienes se encuentran en una situación crítica en Colombia. Los actos de violencia contra este colectivo se están volviendo algo sistemático.
Es indispensable que el gobierno nacional, fortalezca los esquemas de seguridad, especialmente a aquellos líderes que de verdad viven en riesgo. Es un gran reto para el país. Hay que defender los líderes comunales. Hay que evitar a como dé lugar, la muerte de estos líderes sociales, antes que se vuelva un paisaje. Es un compromiso estatal, con la seguridad de los defensores de derechos humanos, que luchan por el fortalecimiento del bienestar de sus comunidades. Solo el imperio real del Estado, conjurará el riesgo de todas aquellas personas que se encuentran en la mira de los grupos ilegales.
