Protección a los excombatientes  

De acuerdo con lo expresado por el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Pablo Elías González, ninguno de los líderes asesinados durante el presente año, habían enviado solicitud de custodia a la institución. Son en total 4300 líderes y defensores de DD. HH. que cuentan con protección de esta dependencia. El asedio a los excombatientes de las FARC, que se han desmovilizado producto del Acuerdo Renegociado de Paz, se ha intensificado durante los últimos meses. Su protección es fundamental para contener la embestida del crimen organizado.

En Colombia hay cerca de 6500 esquemas de seguridad que le cuestan a la Nación, 687.258 millones de pesos, pero que muchos de ellos podrían prestarles un verdadero servicio a los líderes sociales y a los excombatientes de las FARC. No cabe duda de que los asesinatos de los líderes sociales y de los reinsertados de las FARC, desde 2016 se han convertido en una pesadilla y en una vergüenza para el país. Siguen siendo una preocupación genuina de las autoridades.

Es claro que la UNP no puede retirar los cientos de esquemas de protección innecesarios sin contar antes con las evaluaciones de varios organismos del Estado, pero, teniendo en cuenta que cada año llegan miles de solicitudes de defensores de derechos humanos, y luego de conocer el escalofriante informe de Indepaz y Marcha Patriótica que asegura que 702 líderes sociales y 115 excombatientes de las Farc han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, resulta increíble que no se haya llegado a una manera de evitar que el Estado colombiano esté pagándoles los escoltas a muchos que no los necesitan.

Lo anterior se constituye en una problemática, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los defensores del proceso de paz, quienes le han reclamado en distintas ocasiones al presidente Iván Duque, que se comprometa con la seguridad de los exguerrilleros. Por tal motivo, anunció 23 medidas con las que se buscará garantizar la vida de las 11.922 personas que se encuentran en proceso de reincorporación. 

Entre las medidas se contempla intensificar el monitoreo, análisis y advertencia del riesgo de los excombatientes por parte de la Defensoría del Pueblo, reducción de tiempos de atención de solicitudes de protección en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y realizar jornadas de autoprotección y auto seguridad para excombatientes que cuentan con esquema de protección. Que se haga todo lo humanamente posible por detener esta ola asesina. Que se tomen las medidas que demanda la coyuntura, pero que no se claudique en los esfuerzos mencionados, que conducen a una solución estructural del problema.