Procuraduría Ambiental

Por Álvaro Hernando Cardona González

Cabe decir que la Procuraduría General de la Nación es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Es decir, es la que tiene a cargo ejercer el Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales.

Este organismo tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal. Es su obligación velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos y lo hace a través de sus tres funciones misionales principales: 1. La preventiva: mediante la cual vigila el actuar de los servidores públicos y les advierte cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes. 2. La de intervención: para actuar en los procesos administrativos y judiciales para que se adelanten conforme al debido proceso y se resuelvan con base en las pruebas. 3. La disciplinaria: que investiga y sanciona a los servidores públicos que infrinjan las normas.

La Procuraduría General tiene varias procuradurías especializadas que se llaman “delegadas”, pues actúan por expresa designación del Procurador General. Y allí hallamos a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, que en los términos del Decreto Ley 262 de 2000, y para lo que estamos explicando, ejerce funciones en relación con la protección y preservación del medio ambiente, los recursos naturales, y los derechos y conflictos que se generan en materia de tierras.

Aunque la Procuraduría puede formular recomendaciones al Gobierno Nacional en materia de política y gestión pública ambiental, hoy se ha limitado más hacia la acción de intervención. Afortunadamente últimamente el Procurador General ha venido haciendo énfasis en su misión preventiva pues destaca que es más económica para el Estado, mejora la percepción ciudadana sobre el actuar de sus funcionarios, aumenta la legalidad y al mismo tiempo disminuye los conflictos.

El espacio de esta columna no da para explayarnos ahora sobre algunas características de las funciones de la “procuraduría ambiental” y comentar algunas de las importantísimas acciones que se adelantan en favor del medio natural nacional. Pero cabe mencionar que allí el ciudadano encuentra el mejor y más eficaz modo para que sus intereses ambientales y ecológicos sean atendidos por los órganos estatales y funcionarios quienes tienen el deber de alcanzar el desarrollo sostenible. Por eso es una tarea difícil la de la Procuraduría, pues busca el cumplimiento legal, pero no establece cómo, ya es de la órbita de la función estatal. Cuando el Estado hace bien las cosas ambientalmente, normalmente está detrás la Procuraduría, así no se le reconozca. Es en favor del ciudadano