Presupuesto para 2018

Recientemente el gobierno nacional sancionó la Ley del Presupuesto General de la Nación para 2018, por un monto de 235,5 billones de pesos, tras la aprobación por parte del Congreso de la República, tras un debate largo y tortuoso en las respectivas comisiones del legislativo. Producto del recorte del 1% frente a la vigencia anterior, fue denominado “La entrega de la olla raspada”, por el decremento en la asignación de los recursos de algunos sectores sensibles, que van a afectar necesariamente el bienestar de los colombianos durante el próximo año. Las asignaciones básicas que la conforman, como los gastos de funcionamiento, quedaron en 147 billones de pesos. Lo que si preocupa mucho es el incremento de la deuda pública que asciende a 48,2 billones de pesos. Los recursos destinados para la inversión pública quedaron en 39,7 billones de pesos. Todas las fuerzas vivas de la nación han generado una masiva inconformidad por la incoherencia en la formulación de la política fiscal dentro de la estructuración de la política económica del país. El peor regalo de navidad que recibieron el año anterior, las familias colombianas del gobierno nacional fue la cascada de impuestos adicionales que tuvimos que sufragar durante la presente vigencia. Con esta medida fiscal, se recaudaron más de siete billones de pesos, que no lograron contribuir al saneamiento del abultado déficit acumulado de las finanzas públicas que tiene el Estado, producto del exagerado gasto público que ha tenido, así no lo quieran aceptar el equipo económico del alto gobierno.

No hay derecho que toda la población tenga que pagar la irracionalidad y la irresponsabilidad de los ejecutores del presupuesto nacional, que solo buscan a través del incremento de las cargas tributarias y aceleramiento de la deuda externa, las únicas vías para poder buscar el equilibrio de las mismas. Pero casos aberrantes, como el pago de la mermelada, el aumento de la corrupción administrativa que se ha venido ventilando a través de los medios de comunicación, entre los que se encuentran los casos de Reficar, donde se han denunciado sobrecostos de más de ocho mil millones de dólares, sobornos de Odebrecht informados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los casos de corrupción denunciados en los sectores de la salud, educación, obras públicas, entre otros, hemos tenido que  pagar los platos rotos con los exiguos ingresos que percibimos y que han afectado con mayor intensidad la dinámica económica del país. El gobierno nacional se ha vuelto insaciable en la creación de nuevas tasas tributarias para corregir estos desequilibrios presupuestales sin medir las consecuencias en la eficiencia económica y en el bienestar de los colombianos. Se debe hacer un fuerte ajuste fiscal, a través de la reducción de los gastos de funcionamientos, disminuyendo la evasión y la elusión de los impuestos, para evitar en el futuro el deterioro de los recaudos públicos.