Política criminal e indigna

Hasta la saciedad hemos repetido a lo largo de esta columna, que nuestro Estado Social de Derecho, no tiene una política criminal definida. Que somos herederos de la improvisación y sobre todo, del caos en cuanto se refiere al manejo de los delitos y de las penas, pero sobre todo, somos felices patrocinando la impunidad, el crimen, la corrupción y reservando fondos y recursos para que sean objeto de toda clase de delitos por parte de la clase dirigente.
 
Las teorías de la favorabilidad en beneficio de los delincuentes, solo tiene aplicación para quienes ejercen y fungen la función pública, por cuanto se ha vuelto una costumbre, desfalcar el patrimonio, enriquecerse a costas de dichos recursos, y confesar un delito, negociar una pena, y después de un corto periodo de casa por cárcel, beneficiarse de dichos dineros y hacer ejercicio de la buena vida y del lema que se escucha por doquier: la corrupción nos invadió y no hay forma de detenerla, pero como no hacemos nada ni siquiera para refrendar el eco de la famosa sentencia que nos legó el expresidente Julio Cesar Turbay, cuando pregonaba: “Tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones».
 
Y especialmente es triste que quien regenta las políticas de Justicia en el actual Gobierno, salga por los medios de comunicación, a justificar la aplicación de ese carrusel de la libertad de todos los que en su momento han escandalizado al país con delitos contra el patrimonio público, pasando por alto, que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría misma, están cuestionando dichas decisiones. Entonces a quien le creemos?. Para que es la ley?, cuál es el objetivo de los procesos penales y qué papel desempeñan los operadores judiciales para hacer efectivas las sentencias, por delitos que han afectado el patrimonio del Estado?
 
Y el hacinamiento carcelario crece día a día, pero no para los delincuentes de cuello blanco, ni para quienes ejerciendo como funcionarios públicos o contratistas desfalcan el erario público o hacen parte del gobierno mismo, quienes tienen un tratamiento especial, quienes se benefician en todo momento de toda clase de principios de oportunidad, de favorabilidad y de negociación tanto por encima de la mesa, como debajo de ella, porque sin lugar a dudas, la forma como se manejan estos procesos, genera cada día más perplejidad, hasta el punto de que por omisión de la misma Fiscalía General de la Nación, se dejan vencer los términos procesales, para que muy pronto recobren su libertad y no se haga nada, ni se enjuicie o se persiga a quienes dan lugar a dichos procedimientos malsanos, en un país de legalidad e ilegalidad, de favorecimiento y de protección del delincuente, antes que del ejercicio de la ley y de la autoridad como se demanda siempre en defensa de esos rezagos que aún quedan de una sociedad como la nuestra, sin valores y sin principios.
 
Principios de oportunidad en los cuales se dice que se comprometen a denunciar y a servir de testigos contra otros funcionarios públicos u otros autores de delitos, pero cuando sean llamados a declarar, no ahora, no confiesan de entrada todo cuanto saben y sencillamente dicen o afirman que lo van a hacer, pero mientras salen de la cárcel y no hay mecanismos de verificar que realmente cumplan con su promesa.
 
Mientras esto sucede, el pueblo con cerca de once millones cuatrocientos mil electores pidieron luchar contra la corrupción, es decir con una votación mayor a la que eligió al Presidente, hoy  burlados desde el CONGRESO DE LA REPUBLICA, y por sus líderes que se quedaron callados y no han sido capaces de asumir la responsabilidad histórica por este fracaso. Y quien se indigna por tal situación? Quien levanta su voz de protesta y exige o demanda un movimiento social fuerte y coherente contra el ESTADO SOCIAL DE DERECHO que protege en todas sus formas la corrupción. Y cuando despertaremos del letargo. Cuando lo hagamos, todo será tarde.