Poco a poco se sabe la verdad de Lara
La Contraloría imputó responsabilidad fiscal por 13.770 millones de pesos, contra los constructores, interventores, funcionarios y ex funcionarios de la alcaldía de Neiva, por presuntas irregularidades en la ejecución el contrato de remodelación del estadio Guillermo Plazas, en donde murieron 4 trabajadores al derrumbarse una gradería.
La lista la encabezan ex alcalde de Neiva Pedro Suarez y el actual Rodrigo Lara Sánchez.
La investigación a Suarez, es obvia, fue su gobierno el que se suscribió la primera parte del citado contrato 1.758 con el Consorcio Estadio 2014, pero el accidente ocurrió ocho meses después cuando se ejecutaba en plena administración de Rodrigo Lara Sánchez.
La providencia está contenida en el proceso de responsabilidad fiscal No. 2017-0098UCC-PRF-030-2017, en 646 páginas que por extensión casi nadie se toma el trabajo de leerla y está firmado por la Contralora Delegada Bibiana Catalina Domínguez Velandia, de la Unidad de Investigaciones especiales contra la corrupción.
El hecho más trascendental es que por fin una autoridad de control involucra al alcalde Rodrigo Lara Sánchez, quien ahora tendrá que responder por 3.447 millones junto con su Jefe de Contratación Fabio Mauricio Iglesias.
Y como es sano que la opinión pública sepa la verdad, es un deber precisar que la noticia sobre el reprochado comportamiento del alcalde de Neiva Rodrigo Lara Sánchez, fue divulgada de manera superficial o sesgada en algunos medios.
Según la contraloría, “se configura una gestión fiscal ineficiente e ineficaz en cabeza del alcalde Lara Sánchez, por cuanto omitió su deber de controlar, vigilar y hacer seguimiento para evitar o corregir las irregularidades presentadas en contrato de obra 1.758 de 2014”, de remodelación del estadio.
El alcalde Lara al tiempo de señalar culpables buscaba la caducidad del contrato para evitar la sanción penal y por ello abandonó el estadio y solo vino a dar instrucciones un año después de haberse producido el colapso del 19 de agosto de 2016.(Pg.582)
Más claro no canta de un gallo, a renglón seguido la Contraloría asegura que la omisión del alcalde Rodrigo Lara, “fue un factor determinante y directo para la causa del daño máxime cuando la necesidad plasmada era que el escenario cumpliera con las normas resistentes NSR-10 y los requerimientos de la FIFA para albergar eventos deportivos de talla nacional”.
Y aquí viene lo más importante de la Contraloría sobre Rodrigo Lara: “lo que conduce a acreditar el nexo causal entre su conducta y el daño producido”, por lo que le imputaron responsabilidad fiscal por el daño causado a los recursos públicos a título de CULPA GRAVE.
En derecho penal para imputar persona debe existir un nexo causal o una relación de causalidad entre su conducta y el daño producido, pero una cosa dijo aquí la contraloría y otra la fiscalía.
En mi columna del 28 de septiembre de 2017 “se desgrana poco a poco lo del estadio”, pregunte las razones por las que el alcalde Lara Sánchez quería tapar que había firmado el contrato adicional 003 de 2016, para terminar la fase que se cayó en el estadio Guillermo Plazas Alcid, y casi me pegan desde la alcaldía, ¿qué dirán ahora que lo dice un organismo oficial?
Lara se lavó las manos y le endilgó toda la responsabilidad a su antecesor Pedro Suarez, quien ocho meses atrás había dejado el cargo, y Lara negaba y negaba que hubiera suscrito el contrato adicional cuya obra se cayó cuando estaba en ejecución.
La misma semana del accidente desde la administración Lara organizaron un plantón y marcharon contra la corrupción, acusando a Pedro Suarez de la tragedia., pero fíjense poco a poco se aflora la verdad.
Aquí el hecho más trascendental es que por fin una autoridad de control involucra al alcalde Rodrigo Lara Sánchez.
