Pobre Reforma a la Justicia (I)

Por: Luis Humberto Tovar Trujillo

Hay temas, que por lo que veo en la mitad del gobierno Duque, le están quedando grande, fundamentalmente en algo tan delicado y grave que, toca directamente la verdadera paz como la promueve el presidente, con verdadera equidad.

NO hay que ignorar, que hay instrumentos que conducen, ante la impotencia de los generadores de crisis, de utilizar por parte del presidente, de medidas extraordinarias para retornar el país, como mínimo a la tranquilidad institucional, como la cuota inicial para el logro de otras transformaciones sociales.

El problema de la justicia no es reformando códigos, es fundamentalmente humano; hay administradores judiciales que parecieran convivir en un permanente contubernio con el delito, y lo peor, el país lo sabe, pero no hace nada. Grave esa conciliación silenciosa.

En la reforma a la Justicia, debe incluirse la inhabilidad del doble del periodo de los servidores públicos, sin excepción, para poder volver a ingresar al servicio público. Acabar con la facultad de nominación y elección de las Altas Cortes.

Prohibir dictar sentencias con fines políticos, para impedir que después salgan con aspiraciones políticas a promocionarse como autor y ponente de ellas, y por sobre todo, en temas de alto contenido social; las decisiones son colegiadas.

Aplicar a raja tabla el precedente judicial, ateniendo al principio “al mismo hecho el mismo derecho”.

La prohibición de anunciar sentencias, mediante comunicados de prensa, sin ser firmados por la totalidad de los intervinientes.

Establecer sistema cuantitativo y cualitativo de producción judicial, como parámetro de evaluación de los administradores de justicia, y así evitar los recreos judiciales que a diario realizan los operadores judiciales.

Cumplimiento a raja tabla de los términos judiciales, y evitar que, desde las mismas altas cortes, patrocinen el incumplimiento de los términos judiciales.

Establecer un mecanismo para evitar en las Altas Cortes el turismo judicial, por el país y hacia el exterior, porque según estadísticas conocidas, se desperdician muchos recursos humanos y financieros, en actividades que no generan utilidad para la administración de justicia.

Terminar con las vacaciones colectivas, la justicia no debe tenerlas colectivamente porque los problemas de los ciudadanos requieren presencia permanente del operador judicial, para que administre justicia.

Terminar con la facultad discrecional de los jueces para conceder los beneficios a los sindicados, y en ultima, debe obedecer a una sala especial, o establecer un mecanismo especial, como garantía de derechos fundamentales, no teniendo como fundamento si es o no “un peligro para la sociedad”.