PERVERSIDAD POLITICA Y JUDICIAL

ERNESTO CARDOSO CAMACHO

La medida de aseguramiento con restricción de la libertad en la modalidad domiciliaria que la Sala de Instrucción de la Corte le impuso al expresidente Uribe, en una providencia de 1.557 páginas y suscrita de manera unánime por los 5 magistrados de la Sala, constituye un suceso que habrá de analizarse en su exacta dimensión.

Para ello, es indispensable el conocimiento del Derecho en su especialidad Penal, cierta capacidad de entender los fenómenos políticos, una desapasionada lectura de la polarización ideológica que hoy afecta la democracia colombiana; y desde luego, acercarse al conocimiento de los fundamentos jurídicos, legales y de valoración probatoria existentes en la providencia, condición difícil de alcanzar a plenitud, dado que aún para el momento en que se escribe esta columna, no se ha publicado la decisión y por el insólito número de folios que contiene.

Para empezar, es indispensable tener claridad acerca de la recíproca relación dinámica entre el Derecho, la Justicia y la política.

Como bien se sabe, el Derecho Penal se ocupa de definir y caracterizar las diferentes conductas que agreden y colocan en peligro la estabilidad social y la convivencia pacífica; señalando para ello los diferentes tipos penales, las condiciones de modo, tiempo y lugar en que ellas ocurren; las circunstancias de agravación o atenuación de tales conductas y en general, las penas o medidas de seguridad con las cuales estas se castigan.

Por otra parte, el sistema normativo se nutre de las reglas y principios derivados de los Derechos Humanos, de la Constitución Política y de la jurisprudencia de las Cortes, los cuales, en su conjunto, deben ser interpretados de manera sistemática y teleológica por quienes intervienen en la investigación y el juzgamiento.

Desde luego, el sistema judicial penal dentro del cual actúan sus operadores, Fiscales, Jueces, Magistrados, defensores, y representantes de las víctimas; así como el Ministerio Público que representa a la sociedad; tienen el ineludible deber ético y moral de actuar de manera transparente, es decir con absoluta imparcialidad y honestidad, pues su único objetivo debe ser privilegiar la majestad de la justicia.

Las democracias se caracterizan por permitir y promover la confrontación ideológica dentro del pluralismo político. La realidad actual de nuestro país se expresa en una evidente polarización entre izquierda y derecha, donde el centro ideológico queda opacado por la dureza y el dogmatismo con que actúan sus diversos actores. Sin duda alguna, tal polarización tiene buena parte de su causa en el proceso de paz y el contenido del Acuerdo que fuera rechazado en las urnas y abiertamente desconocida la soberanía popular, fundante del poder político.

En este escenario de la dinámica política es que se ha producido el acontecimiento que me ocupa, del cual participan como protagonistas principales, los expresidentes Uribe y Santos; Petro, Cepeda, las Farc y los magistrados de las altas Cortes, en un momento histórico de indudable fragilidad institucional donde la credibilidad y la confianza en el sistema judicial, es sin duda alguna muy baja, por la morosidad, la impunidad y el escándalo recurrente del llamado “ cartel de la toga”. Pero para colmo de males, en la cresta de la pandemia del Coronavirus, la cual ha generado múltiples efectos devastadores en la salud pública, la economía, el empleo y la cohesión social.

El hecho que los Magistrados de las Altas Cortes tengan un origen altamente político para su designación a través de las ternas que elabora el C S de la J; su participación en decisiones concurrentes con el Congreso para elegir Procurador, Contralor, Defensor del Pueblo; el innegable clientelismo que se practica en la rama, etc; además de la condición inusual y para algunos espúrea como se eligieron el Fiscal y algunos magistrados de la Corte; son hechos que han contribuido al desprestigio del sistema judicial agravado por la creación de la JEP que en sus 4 años de funcionamiento no presenta resultados eficaces de su labor.

La paradoja según la cual, esas mismas altas Cortes permitieron con sus equivocadas decisiones la fuga de Santrich y su regreso a la criminalidad; es un elemento que le resta credibilidad a la privación de la libertad del expresidente Uribe, pues hace carrera la afirmación de que los bandidos gozan de privilegios inmerecidos en el Congreso; no han sido juzgados por la JEP, no han dicho la verdad sobre sus crímenes de lesa humanidad; no han reparado a sus víctimas, etc; al tiempo que, a quien los enfrentó desde la institucionalidad democrática con arrojo y valentía, le niegan sin suficiente argumento procesal el derecho fundamental de defenderse en libertad.

La perversidad con que actúan esos actores políticos contradictores del expresidente ha logrado influenciar a la Corte. En estricto derecho, no se discute el que lo investiguen, pues evidentemente nadie puede estar por encima de la ley.

Lo censurable es que se apoyen en el débil argumento de privarlo de la libertad con fundamento en que podría obstruir la justicia cuando las condiciones exigidas por el artículo 309 de la Ley 906 /04 que las define con total precisión; no se cumplen objetiva, razonable y proporcionalmente; en relación con la ejemplar conducta social del expresidente. Una cosa es el debate político e ideológico y otra muy distinta es abusar del derecho para que, manipulando la justicia, se pretenda sacar del escenario democrático a un líder indiscutible de la democracia colombiana que, sin duda alguna, es el dique que contiene la avalancha de la izquierda radical aliada con quienes nunca pudieron derrotarlo en las urnas.