Perú, otra vez

En menos de dos meses la república del Perú, le ha dado a su vecino del norte (nosotros), dos ejemplos de gallardía y sobre todo de manejo adecuado a crisis que pueden poner en entredicho la seriedad y la estabilidad de un estado de derecho.

Aunado al exitoso resultado del referendo  anticorrupción del pasado mes de diciembre que logró, este sí, pasar el umbral de votos, nos encontramos con la sorpresa de la suspensión del cargo, del fiscal general del país inca.

¿La razón? ODEBRECHT, es decir, la misma cuestión que tanto revuelo ha causado en nuestro país, y que de igual manera, involucra a nuestro Fiscal General.

Ciertamente, la exposición mediática que ha existido en ambos países ha sido enorme con la única diferencia de que, mientras allá caen los poderosos renunciando a sus cargos o siendo procesados, aquí ni renuncian, ni los procesan, en cambio sí, terminan muriendo testigos claves de las maneras más inusitadas.

Llama poderosamente la atención, que frente al Fiscal General del Perú, su suspensión provisional de 4 meses, fue proferida no por una comisión de risa como es la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, ni la ineficiente sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, si no por el Colegio de Abogados de Lima.

Una institución, que aunque creada por Ley, es eminentemente gremial;  para ejercer en dicho país hay que estar inscrito ante los colegios de abogados cancelando una cuota para su ejercicio, algo similar a lo que deben hacer los comerciantes en nuestro país.

El fiscal, al ser abogado, como es de esperarse, está inscrito ante el colegio de abogados, y debe estar sujeto a los estatutos y código de ética que emanan de dicho colegio. Debe resaltarse que el hecho de tener tan alta dignidad no lo eximía de estar bajo la jurisdicción de dicha institución, algo que resulta verdaderamente aplaudible y clara muestra de que  en una verdadera democracia, nadie está por encima de la Ley.

Mientras allá, las instituciones al menos ahora, están empezando a funcionar como se espera que deban funcionar, aquí nos hemos acostumbrado, a que ante la inoperancia y falta de celeridad de algunas entidades, la solución son las marchas y protestas, con todas las consecuencias negativas que ello conlleva.

Que distinto sería nuestro país, si hubiesen no sólo verdaderas reformas a las instituciones paquidérmicas y politizadas que tenemos  en las más altas esferas del poder si no que se le trasladaran competencias judiciales y disciplinarias a instituciones conocedoras del tema  tal y como sucede con el colegio de abogados del Perú, una institución para aplaudir, pero también para copiar.