Personeros en riesgo
De acuerdo con los informes emanados de la Federación Nacional de Personeros (FENALPER), más de 100, se encuentran amenazados de muerte en el desempeño de sus funciones, especialmente por las relacionadas con las denuncias y defensa de los derechos humanos, como representantes del Ministerio Público. A raíz del asesinato en la noche de navidad del Personero de Puerto Rico (Caquetá), Freddy Chavarro, la presidenta de esta agremiación, Sandra Lorena Cárdenas, expresó que de acuerdo con las denuncias recepcionadas, se encuentran amenazados de muerte en diferentes municipios, a raíz del cumplimiento de sus labores defensoras de derechos. Se ha solicitado al gobierno nacional para que se haga un estudio del nivel de riesgo que poseen dichos funcionarios, para que se establezcan las medidas de seguridad, para que puedan cumplir con sus labores misionales establecidas en la Constitución Política y la normatividad vigente.
Hay una situación que les ha tocado vivir en aquellas zonas donde hacen presencia, las organizaciones criminales y narcoterroristas, porque les ha tocado asumir la defensa en primera instancia de la protección al derecho a la integridad personal de los habitantes que habitan en sus localidades. Además, es una de las razones de ser de estas dependencias, que están contempladas en los derechos fundamentales y que son de aplicación inmediata. Se le debe garantizar a toda la sociedad, la protección contra los actos injustos que perjudiquen o deterioren la salud física, psíquica o moral. La Ley es clara, porque tienen el derecho a no ser víctimas de conductas violentas que le causen detrimento o menoscabo a la integridad psicofísica. Esta tarea se ha vuelto muy peligrosa para los representantes de ministerio público. El derecho a la vida es uno de aquellos derechos que demandan un resguardo preponderante, porque se convierte en el primero de los derechos que deben proteger las autoridades, porque la vida es el requisito para gozar y ejercer todas las demás libertades que posee la persona.
Por este motivo, estas dependencias se encuentran en inferioridad de condiciones para contrarrestar estas situaciones de presión de las bandas criminales que operan en dichos entes territoriales. Y como si fuera poco, el creciente fenómeno de la corrupción que no solo se ha presentado en las altas esferas del Estado, sino que se han enquistado en algunas administraciones. Además, no cuentan con los instrumentos y la logística necesaria para contrarrestar este flagelo que carcome el bienestar de sus habitantes. Existe un ambiente generalizado que es la mayor pandemia que está permeando algunas alcaldías por la corrupción administrativa. La laxitud y la estructuración jurídica diseñado por el gobierno nacional, está direccionada para que estas entidades sean vulnerables para transgredir la normatividad, tendiente a facilitar y direccionar la contratación pública. En los ambientes de la opinión pública, se empieza a presentar un rechazo generalizado por los innumerables casos de corrupción que están ocurriendo en esas localidades, sin que exista una respuesta fuerte y coherente por parte de las personerías municipales.
