Perseguidos políticos
La miríada de taimados de todo pelaje que tenemos por políticos, cada vez que alguno resulta procesado por la justicia, vienen acuñando un falso estribillo de declararse perseguidos de la política poniendo cara de corderos degollados, por lo que consideran ladinamente como la “politización de la justicia” de que hablara el presidente del Cartel de Cali Ernesto Samper Pizano, para aparecer como víctimas ante sus áulicos que por supuesto así los consideran, y no como victimarios que son por sus fechorías contra la administración pública.
Y precisamente por eso es que el ex presidente Uribe, ahora que el juez de la Corte de Miami John O’ Sullivan ordenó enviar nuevamente a la cárcel a su ex ministro Andrés Felipe Arias declarando viable su extradición a nuestro país para que pague una condena de 17 años, ha salido, claro, poniendo él mismo cara de cordero, a afirmar que Arias es otro perseguido político del presidente Santos, y “ Que el Gobierno de Colombia ha engañado a la opinión, a los Estados Unidos, porque ha dicho que hay un tratado de extradición cuando no lo hay. La Corte lo declaró inexequible”.
Mayor acto de marrullería política imposible. Que Uribe diga que es un perseguido político por las 18 condenas de los miembros de su gobierno, vaya y venga porque se lo creen sus seguidores a rajatabla, pero que sostenga que el Gobierno ha engañado a la todopoderosa Justicia de los Estados Unidos -que es la que descubre las fechorías de los bandidos de la política criolla porque la de aquí no es capaz de hacerlo como lo estamos viendo-, no deja de ser una falta de respeto a la decisión del juez norteamericano, y a creernos caídos del zarzo al grueso de los colombianos para tratar de convencernos de que no existe tratado de extradición y que Santos engañó a la primera potencia del mundo, cuando todos somos testigos que lo único que ha existido siempre es tratado de extradición que sirvió precisamente para que en sus 8 años de gobierno extraditara la friolera de más de 1000 colombianos, entre ellos los jefes del paramilitarismo.
Será que es posible engañarlos, cuando el fiscal del caso Robert J. Emery por ser verdad absoluta, afirmó que era claro que existía una extradición de facto entre ambos países, por lo que no se pueden aceptar leguleyadas como las de Uribe de que no existe tratado de extradición y que su protegido es un perseguido político, cuando el magistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló por ser la verdad en la que creyó el juez norteamericano, sostuvo con razón que “esa decisión es una consecuencia lógica de la solicitud que la justicia colombiana ha hecho”. Sostener lo contrario no es más que un acto de marrullería política.
Escolio. Como así que el alcalde Lara quiere escurrirle el bulto a resolver sobre la contratación del estadio de fútbol declarándose impedido, cuando no puede existir impedimento alguno porque para eso fue elegido, salvo la de su propia incompetencia en un asunto en el cual intervino al adicionar el malhadado contrato.
