Penalizar o prevenir
Por: María del Carmen Jiménez
Rayos y centellas cayeron sobre la Corte por el reciente fallo relacionado con el consumo de licor y estupefacientes en sitios públicos. Algunos, incluso convocaron marchas contra esta decisión pero les resultaron lánguidas. No pretendo criticar a quienes se oponen, respeto todas las opiniones, pero como defensora del estado social de derecho creo que se deben acatar todos los fallos.
Como ciudadana, como madre y maestra expreso mis reflexiones al respecto. Comparto el criterio de la Corte: el Estado no puede diseñar el plan de vida de las personas, ellas deben tomar en libertad sus propias decisiones. El problema del consumo de licor o sustancias sicoactivas en espacio público o privado no se resuelve solo de manera punitiva judicializando, o penalizando al consumidor. No hay que olvidar la relación del consumo con la ruptura de los vínculos afectivos, familiares, la violencia intrafamiliar que se presenta en todos los estratos sociales. Esta situación produce además, la alteración de las relaciones significativas que generan confianza, seguridad y capacidad de contención emocional.
Sabemos las nefastas consecuencias individuales, sociales derivadas de este consumo, máxime cuando en nuestro país la población se inicia a edad temprana. La producción, el tráfico, el comercio y el consumo afectan de manera directa e indirecta la salud pública, el bienestar y la seguridad. Por tal razón, se debe encarar de manera integral y coherente este flagelo.
Es necesario repensar y aplicar la Política Nacional para la prevención, reducción del consumo y su impacto. Ésta adoptó en sus lineamientos y principios el enfoque de salud pública y derechos humanos. Este enfoque como lo plantea la OEA en el informe para las Américas, requiere de una aproximación multidisciplinaria que permita construir una red formal de servicios que garantice el derecho a recibir atención con intervención basada en fundamentos científicos; se requiere el diseño de planes y programas a nivel territorial que respondan a las diversas necesidades de la familia, la comunidad y las personas en materia de prevención, mitigación y superación de los daños asociados a estas sustancias.
Coherente con lo anterior, desde la salud pública es importante fortalecer la atención primaria con énfasis familiar y comunitario, con el fin de asegurar la integralidad de la atención en salud, desde la promoción de la misma hasta la rehabilitación como lo proclamó el Ministerio de Salud en el 2016. El fortalecimiento de los factores protectores frente al consumo de sustancias sicoactivas es un eje que sustenta la Política Nacional de salud mental está orientado a favorecer el desarrollo de capacidades resilientes y de afrontamiento emocional en las personas, familias y comunidades frente al consumo. El desarrollo de entornos protectores como el hogar, el entorno educativo, laboral, comunitario e institucional también son fundamentales para la prevención. Acorde con las resoluciones 3202 de 2015y 3280de 2018, estos son escenarios de vida en los cuales las personas se desarrollan, construyen su vida subjetiva, sus vínculos y relaciones. Tenemos legislación suficiente en esta materia, falta compromiso institucional para aplicarla a cabalidad.
