Pena de muerte o cadena perpetua, ¿para qué?

Se pavonean unos y presumen otros que con la propuesta de pena de muerte o cadena perpetua para un solo tipo de delitos, o para algunos de ellos, se va a combatir y se va a establecer una política criminal seria y coherente con el aumento de la criminalidad en Colombia.

No es conveniente ni la una, ni la otra. El país no tiene argumentos y fundamentos que puedan dar pie para considerar el establecimiento de ésta clase de sanciones, como elemento sobre el cual, se pueda soportar y cohesionar la convivencia social, la tolerancia, el respeto y sobre todo, la protección ciudadana frente al delito.

No hemos sido capaces de reducir la corrupción a sus justas proporciones, o al menos, no hemos tenido la gallardía de establecer patrones de convivencia dentro del marco de la legalidad para que ella alcance objetivos mínimos en el rescate de la institucionalidad y mucho menos, de la confianza legítima que se le debe a la organización del Estado, empezando por cada una de las ramas del poder público, y por el contrario, la desconfianza cunde por doquier, las formas de la burocracia y del amiguismo y del radicalismo de posiciones, se tornan en estrategias para que solo unos pocos se beneficien de la cosa pública, para que las políticas públicas que deben ser integrales para todos, se concentran en pocas manos que hacen y deshacen del poder según su antojo en tanto sus prebendas se destinan para su propio beneficio.

Y se pregona la necesidad y la urgencia de una reforma judicial, y la ministra de Justicia, hace alarde de que aumentando los requisitos en edad para ser magistrados o alargando los periodos de aquellos, se van a consolidar procesos que beneficien a éstas instituciones. Mientras que los jueces se perpetúan en sus puestos y se clasifican según una oportunidad laboral que se les presentó, desconociendo la integralidad del derecho, la urgencia de la movilización de labores para que no se enquisten en un solo lugar y para que bajo la exigencia de la preparación y de los resultados, sean cada vez más, y más aptos para el conocimiento de la ciencias jurídicas.

Que distractor tan grande, cuando los procedimientos y las normas sustantivas van al garete de la ineptitud en todo sentido y la administración de justicia es incompetente para dirimir sus propias decisiones y para consolidar criterios de juzgamiento y de selección de sus propios miembros. Es decir, hasta la institucionalidad de la Justicia, se queda corta en un criterio valorativo de sus propios juicios.

Pero todo es corolario de una sociedad en crisis, donde los principios y los valores humanos, se han trastocado de tal forma, que pensar diferente del otro es ya un delito, que decir lo que se piensa o actuar según un criterio razonado, es generar una enemistad o propiciar un desmonte integral de todo precepto o de toda regla de participación de convivencia y de solidaridad.

Cuando el país asuma una posición clara de políticas criminales y se tenga una justicia que realmente corresponda a procesos de integración social, de defensa de la sociedad misma y que cuente con recursos y centros penitenciarios aptos para el cumplimento de los fines sociales de la pena, quizá se pueda pensar en otra forma u otra estrategia para combatir ciertos delitos que conculcan lo más profundo de la esencia y de la dignidad humana. Por ahora, tenemos que cambiar el chip del discurso, no ser sensacionalistas y amarillistas, como nos lo presentan los medios de comunicación y volvamos a la esencia y la razón de ser de la pena, dentro del ordenamiento jurídico universal, antes de proponer fórmulas mágicas que no nos llevan más que a propiciar divisiones odiosas entre las tendencias de unos y de otros, para defender por oportunismo teorías equivocadas.