Paro judicial, impunidad y política criminal

La Administración de Justicia se enfrenta a un gran dilema en el que la razón de ser, su filosofía y sus protagonistas tienen que saber con precisión mover sus fichas, como en un juego de ajedrez, para armonizar el papel protagónico que le corresponde en sociedad y que son fruto de ese andamiaje de corrupción que se mueve en torno a todo el establecimiento estatal, a partir de las infiltraciones de que ha sido objeto y que hoy, pretenden cobrar caro, ese manejo irregular de algunos Magistrados, que enlodaron la toga y dejaron ver la otra faz de la sociedad a la que pertenecen.

Un paro durante dos días, no para demandar aumentos salariales, sino dirigido hacia la exigencia de un mayor presupuesto para la Administración de Justicia, paralizó al país jurídico durante los días miércoles y jueves. Hecho que deberá repetirse en el evento de no encontrar eco en el Gobierno Nacional y que tiene muchas similitudes con el paro estudiantil del año anterior, cuando las universidades se lanzaron a las calles exigiendo y demandando un aumento y unos proyectos de presupuesto hacia la Educación, que ojalá se materialicen algún día.

Y cuando  todo parece seguir el coro de lo impredecible, y nos aprestamos a conjurar una sentencia que determine sobre la legalidad en el trámite y en los contenidos de la Ley de Financiamiento del Gobierno Nacional aprobada el año anterior, como primer punto de partida de la economía elitista del actual mandato presidencial, los gremios económicos dirigen una misiva a los Magistrados ponentes de la Corte Constitucional, para advertir, para suplicar y hacer caer en cuenta, que en el evento de aplicarse la ley y declararse su inexequibilidad, se diluiría la confianza de los inversionistas extranjeros y el país perdería una de las armas mas valiosas en el proceso de reorganización de su economía de la desigualdad y del proteccionismo de los poderosos. Que el Gobierno no aproveche el paro judicial para aumentar el presupuesto de la justicia, a cambio de una sentencia que deje incólume dicha ley de financiamiento. Sería un costo grave para el país.

En tanto, la fuga de la excongresista Merlano, pone el dedo en la llaga ante la política criminal en Colombia, amparada en principios de desigualdad en el tratamiento penitenciario, donde los delincuentes tienen especiales beneficios legales, con los que no cuentan las grandes mayorías de procesados y se evidencia el favorecimiento, la negligencia y el abuso desmedido del poder, ya que todo condenado, sea de la estirpe o de la raza o de la condición política o funcional en que haya delinquido, debe tener un solo centro de reclusión, un solo manual de tratamiento carcelario y no, como sucede hoy en día, que a unos se les trata con normas de seda y a los otros, con el látigo de la indiferencia y del menosprecio.

Si a todo lo anterior, se le suma el hecho de que el próximo martes ocho de octubre, el señor Alvaro Uribe Vélez, debe concurrir a rendir una indagatoria ante la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia y desde todos los confines de su movimiento político, se convoca a movilizaciones ciudadanas en contra de la Administración de Justicia, es cuando tenemos que saber entender, que estamos en tiempos difíciles, que la realidad colombiana, ha sido superada por la ficción de los ideales de injusticia, impunidad y criminalidad, como fundamento o portaestandarte del ser social que nos mueve en la actualidad.

Difíciles momentos en los que vamos a estar inmersos en los próximos días y meses, incertidumbre sobre el mejor camino que nos haga entender que los procesos judiciales y los procesos sociales, tienen que ir de la mano aparejados en la lucha por la construcción de una sociedad que despierte y se acomode hacia el respeto del otro, hacia el reconocimiento de los valores que otrora fueron nuestro guía y nuestro derrotero en la construcción de familia y sociedad.

El país se expone a situaciones difíciles, donde la insensatez y la algarabía de algunos guerreristas que quieren imponer su voz de menosprecio y su humillante actitud ante la ley y ante los hombres, han de enfrentarse con la altura que se requiere para que sea quien sea, se apliquen las normas y se haga respetar el orden social, cuando se busca la paz o cuando se busca la justicia y se defiende el apego a la ley.