Parapeto.- Compromiso contra la corrupción.

Por Julio Bahamón

Desde los inicios de la campaña lo dijo con firmeza el presidente electo Iván Duque. Esa propuesta fue la ganadora, y en consecuencia se aplicará sin titubeos. No es solo luchar contra ese flagelo, no, vamos a extirparlo como se quita un tumor maligno y se busca en su defecto la medicina adecuada para sanar al paciente. En su camino hacia la presidencia lo afirmó: “Yo voy a combatir la corrupción y obviamente la que afecta el sector salud, toda clase de corrupción que aflora en las distintas actividades de la administración pública. Hay que quitarles a los políticos el control de la contratación oficial. Hay que avanzar en el país con la extinción de dominio exprés para quitarles a los corruptos hasta el último peso de su patrimonio”. Y en declaraciones dadas al diario El Tiempo, hace ocho días, el presidente Duque también manifestó que en el tema del control a las licitaciones y compras del sector de infraestructura vial se impondrá el pliego tipo, único, que regirá para todas las entidades estatales, departamentales y municipales. Se creará un bloque de búsqueda contra los corruptos, se trabajará de la mano de la Fiscalía General, de la Contraloría y de la Procuraduría, otorgándole toda la importancia a las veedurías ciudadanas para enfrentar la corrupción. Eso está muy bien, pero yo le agregaría que es de vital importancia sellar definitivamente las válvulas de escape, o hendijas que se han inventado en las regiones, gobernaciones y alcaldías, con las famosas Empresas de servicios públicos, llámense de acueducto y alcantarillado, u oficinas de aguas y alcantarillados, a las que se les han otorgado, de forma unilateral, por su naturaleza de entidades “prestadoras de esa clase de servicios” que estén exentas del régimen de contratación oficial, y por ese motivo se les aplica un legislación diferente, lo que les permite contratar de forma directa, o con la presentación de apenas tres propuestas de “amigos” de los mandatarios de turno para hacerle el “quite” a la ley. De esa forma esas empresas oficiales o de economía mixta se han convertido en las cajas menores de los alcaldes y de muchos gobernadores para desangrar el patrimonio público. La corrupción es un flagelo que induce a toda suerte de males en el país. Es tan grave como el problema de la droga. Así como con el tráfico de estupefacientes y su consumo, se vulnera a la juventud colombiana, la corrupción estatal envía un pésimo mensaje a la ciudadanía dándole a entender que ser “pillo paga”. Cuando un ladrón de dineros oficiales roba, no está robando simplemente al municipio, o al Departamento o a la Nación, nos está robando a nosotros, a cada uno nos roba algo. La corrupción impide la libre participación de los profesionales jóvenes en la contratación pública. Los pliegos amañados amarran las licitaciones y favorecen a unos pocos amigotes del mandatario, a los que les debe favores electorales. Se encarece considerablemente el costo de las obras porque al lado de las condiciones acordadas van unidos sobrecostos a los contratos que envilecen el servicio público. En un futuro gobierno serio en el Huila se debe tener como propósito una identidad total con lo que hará en ese campo el presidente Duque desde la casa de Nariño y como tarea se tendrá muy claro que no habrá cabida para los ladrones: ¡Cero tolerancias con los corruptos!